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    Abogados multados por sentencias falsas de la IA en España

    Dos tribunales ya han multado a abogados por citar sentencias falsas de la IA. Qué pasó, cuánto costó y cómo comprobar tus citas antes de firmar.

    CRCarlos RiveroAutor en Derecho Virtual·10 min de lectura·1998 palabras
    Carlos Rivero en su despacho comprobando en el portátil si las sentencias que cita un escrito son sentencias falsas de la IA

    Es martes, abres LexNET con el café todavía en la mano esperando el señalamiento de siempre y lo que te encuentras es una resolución de la Sala que, además de contestar a tu recurso, acuerda abrir pieza separada porque no ha conseguido encontrar las sentencias del Tribunal Supremo que citabas entre comillas. Buscas el escrito, lo abres, miras la primera cita y se te hiela la sangre, porque te acuerdas perfectamente de dónde salió: de una conversación con la IA, un jueves a las tantas, que no comprobaste porque sonaba exactamente a lo que dice el Supremo.

    Esto ya les ha pasado en España a compañeros de carne y hueso, aunque las resoluciones se publiquen con los nombres seudonimizados, y hay algo que casi nunca se cuenta cuando sale la noticia: ninguna de las dos Salas que han puesto multa reprocha que se use inteligencia artificial en un despacho, las dos lo dicen expresamente, y lo que castigan es que nadie abriera las sentencias antes de firmar. La putada es que ese fallo lo comete cualquiera con prisa, porque una cita inventada no tiene pinta de inventada.

    Tengo los dos autos delante, y como en Derecho Virtual hemos montado Jurisprudenciator, una IA jurídica que trabaja sobre la fuente oficial, los he leído con bastante más atención que un titular. Aquí tienes qué pasó en cada caso, cuánto costó y de dónde sale cada cifra, y al final un repaso de diez minutos para que a ti la IA no te cuele sentencias falsas en un escrito, como les pasó a estos abogados.

    Canarias, febrero de 2026: 48 sentencias del Supremo que nadie dictó

    El primero es el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 10 de febrero de 2026 (ECLI:ES:TSJICAN:2026:1A). Un recurso de apelación llevaba 52 citas y la Sala fue a buscarlas: 4 eran correctas, y eran precisamente las que ya recogía la sentencia recurrida, de modo que el letrado no había aportado de su cosecha ni una sola que existiera. Las otras 48 eran sentencias del Tribunal Supremo inventadas, y de propina venía un informe atribuido al Consejo General del Poder Judicial que tampoco existía. El auto cuenta que se generaron con «una herramienta de inteligencia generativa con suscripción de pago» y que se presentaron sin revisar.

    La Sala lo encaja en la buena fe procesal del artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en su redacción vigente permite multas «de ciento ochenta a seis mil euros» con el tope de la tercera parte de la cuantía del pleito, y que en su apartado cuarto manda dar traslado al colegio profesional cuando la conducta es imputable al abogado. La cifra salió de una cuenta curiosa, porque el tribunal tomó como referencia lo que cuesta una IA jurídica básica, «en torno a 70 euros mensuales», o sea 840 euros al año, y lo dejó en la mitad porque el letrado reconoció los hechos. Fueron 420 euros y traslado al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, y a mí lo segundo me parece bastante más serio que lo primero.

    Galicia, julio de 2026: la multa ya son 1.800 euros

    Cinco meses después llega el auto del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 7 de julio de 2026 (ECLI:ES:TSJGAL:2026:173A), esta vez en un recurso de suplicación. De 32 citas, 24 eran inventadas o no decían lo que se afirmaba, el 75 %, y la Sala supone, por la «curiosa estructura» del escrito, que se hizo con una inteligencia artificial generativa «de carácter gratuito» y sin verificación posterior. El auto no se anda con rodeos, habla de «un ejercicio de libérrima creatividad jurídica» y reconoce algo que debería quitarte el sueño: que los textos entrecomillados «hilvanan un discurso coherente y ponderado» y aun así, cuando la Sala fue a comprobarlos uno por uno, «son falsas».

    Aquí la base es el artículo 75.4 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, que deja la multa entre 600 y 6.000 euros, junto con el artículo 4 del Código Deontológico, que exige «una conducta profesional íntegra, honrada, leal, veraz y diligente». Para fijar la cuantía la Sala coge el auto canario como guía y vuelve a usar de vara de medir lo que cuesta una herramienta de IA jurídica con base de datos verificada, solo que ahora mira las de las grandes editoriales, con planes básicos de entre 1.500 y 3.000 euros al año, y se queda en 1.800 euros con traslado al Colegio de Abogados de A Coruña. Hay un detalle que se me quedó grabado: según el escrito que transcribe el auto, el letrado había pedido más plazo asumiendo «cualquier responsabilidad que de los hechos resulte, porque ha sucedido lo que ha sucedido», y la Sala anota que aun así no alegó ninguna circunstancia que sirviera para ponderar la multa.

    Antes de las multas hubo dos avisos que salieron gratis

    El propio auto gallego repasa lo que había antes. Los dos primeros casos los conozco por lo que cuenta esa Sala, no porque haya leído las resoluciones originales.

    FechaÓrganoQué pasóConsecuencia
    9 de septiembre de 2023Tribunal Constitucional (acuerdo)Demanda de amparo con diecinueve citas entrecomilladas que no correspondían al contenido auténtico de las resolucionesApercibimiento
    4 de septiembre de 2024TSJ de NavarraReferencia legal de un ordenamiento extranjero obtenida con IAArchivo sin sanción, por la novedad y la rápida rectificación
    10 de febrero de 2026TSJ de Canarias48 sentencias inventadas en un recurso de apelación con 52 citas420 euros y traslado al colegio
    7 de julio de 2026TSJ de Galicia24 citas falsas de 32 en un recurso de suplicación1.800 euros y traslado al colegio

    Una búsqueda de autos dictados desde 2024 sobre citas inexistentes, inteligencia artificial y buena fe procesal me devuelve dos resoluciones, que son la de Canarias y la de Galicia. Eso no quiere decir que no haya más, porque el acuerdo del Constitucional y el auto navarro no me salieron en esa búsqueda, pero sí da una idea de la progresión, que va del apercibimiento al archivo, de ahí a 420 euros y de ahí a 1.800. Yo no apostaría a que el siguiente salga más barato, sobre todo ahora que nadie puede alegar que la cuestión es nueva, que fue justo lo que salvó al compañero de Navarra.

    Cómo se comprueba una cita antes de que salga del despacho

    Lo primero que necesito que entiendas es por qué pasa. Un modelo de lenguaje no abre ninguna base de datos cuando le pides jurisprudencia, escribe lo más probable, y lo más probable después de «el Tribunal Supremo ha declarado» es un número de sentencia verosímil con un párrafo verosímil detrás. Por eso trabajar así es jugársela aunque el resultado quede precioso, y por eso la comprobación hay que hacerla fuera de la conversación en la que nació la cita, contra la fuente oficial y con el escrito ya terminado:

    1. Saca todas las citas del escrito a una lista aparte, con órgano, fecha y ECLI. La que no tenga ECLI ni forma de conseguirlo ya es la primera sospechosa.
    2. Busca cada una en un buscador de jurisprudencia que trabaje sobre la fuente oficial o directamente en el del Poder Judicial. Ojo con los números, porque el que aparece junto a la resolución suele ser el ROJ, que no coincide con el número de sentencia; cita por fecha y ECLI y no los mezcles.
    3. Abre la resolución y localiza el párrafo. El entrecomillado tiene que estar tal cual, y si la idea está pero con otras palabras, quitas las comillas y cuentas lo que dice.
    4. La cita que no aparece se borra. No le pidas a la IA «otra parecida» en la misma conversación, porque te la va a dar encantada.
    5. Pasa el documento final por una verificación automática de las citas, que admite Word o PDF con texto seleccionable de hasta 4,4 MB y te devuelve el mismo documento con lo dudoso marcado en rojo y una propuesta de corrección. Sirve también para el escrito de la otra parte.

    Si trabajas con Claude o con ChatGPT y tienes conectado Jurisprudenciator, los pasos dos y tres se los puedes encargar con una orden como esta: «Busca cada una de las resoluciones de esta lista por su ECLI, ábrela y dime si el párrafo que cito entre comillas aparece literalmente. Si no la encuentras o el párrafo no está, dímelo y no me propongas otra.» A noviembre de 2026, la cuenta gratuita, que no pide tarjeta, tiene un tope de lecturas al día y otro por semana, y cada sentencia que se abre descuenta. Haz la cuenta antes de fiarte, porque un recurso con treinta y dos citas como el gallego no lo repasas entero en una tarde con el plan gratuito y te toca repartirlo en varios días o pagar, y si lo tuyo es un escrito al mes con cinco sentencias, mi consejo es que no pagues nada.

    «Yo las citas las saco de una herramienta de pago»

    El compañero de Canarias también, lo dice el auto con esas palabras, «con suscripción de pago», y acabó con 48 sentencias que no existían. Las dos Salas usan el precio de una IA jurídica como vara de medir la multa, y lo que a mí me toca los cojones es la lectura que se ha hecho de eso en el sector, como si la moraleja fuera que hay que soltar tres mil euros al año para dormir tranquilo. El auto gallego dice en la misma frase que bastaba «la simple comprobación de las citas» en el buscador del Poder Judicial, que es «de acceso gratuito y muy intuitivo», y que eso solo «habría impedido el resultado que ahora se enjuicia». Desde mi punto de vista, lo que hace fiable a una IA jurídica es que cada resolución venga de la fuente oficial y la puedas abrir, cueste lo que cueste la suscripción.

    También me dirás que nadie se va a poner a mirar tus citas una por una, con la carga de trabajo que tienen las Salas. La gallega lo hizo con las treinta y dos, y deja escrito que la base oficial «ha sido el medio utilizado para su comprobación por esta Sala». Y antes que el tribunal está el compañero de enfrente, que tiene el mismo buscador que tú y bastante más interés en encontrarte el fallo.

    Dónde te la puedes seguir pegando

    El repaso de arriba baja mucho el riesgo y no lo deja en cero. La verificación automática se equivoca alguna vez y cada aviso lo tienes que contrastar tú. Una sentencia puede existir, llevar su ECLI en regla y no decir lo que tu escrito necesita. Con el conector puesto, tu IA puede contestarte un día de memoria sin haber buscado nada, que es uno de los fallos que cuento en los errores más caros con ChatGPT. Y ninguna herramienta te dice por sí sola si esa doctrina de 2019 sigue viva o la corrigió el Pleno el año pasado, que sigue dependiendo de que conozcas cómo funciona la jurisprudencia en España.

    Lo digo porque una sola cita falsa que se te escape manda a tomar por saco la credibilidad de las otras treinta, y con razón, porque el tribunal ya no tiene por qué fiarse de ninguna.

    El último escrito que presentaste

    Hasta hoy el circuito era pedirle jurisprudencia a la IA, copiar lo que sonaba bien y firmar. A partir de hoy la IA puede seguir haciéndote el borrador, pero cada cita pasa por la fuente oficial antes de llevar comillas.

    Abre ahora el último recurso que presentaste con ayuda de una IA, coge la primera sentencia que citas entre comillas y búscala por su ECLI. Son dos minutos. Si aparece y dice lo que pusiste, sigue con la segunda, y si no aparece, es bastante mejor que te hayas enterado tú esta tarde que por un auto dentro de tres meses.

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