Delito de Atentado contra la Autoridad: 3 Tipos de Conducta y Ejemplos

¿Qué implica exactamente el delito de atentado contra la autoridad? ¿Por qué es tan relevante para el mantenimiento del orden y la seguridad pública? ¿Cuáles son las consecuencias legales de enfrentar a las autoridades de manera violenta o intimidatoria? Estas preguntas fundamentales abren la puerta a un análisis detallado sobre una figura penal que, aunque a veces subestimada, desempeña un papel crucial en la protección de la estructura institucional y el funcionamiento ordenado de la sociedad.

En este artículo, exploraremos las distintas facetas de este delito, sus implicaciones y los contextos en los que se aplica. Desde ejemplos prácticos hasta una discusión sobre los elementos agravantes, este texto no solo responde a las preguntas planteadas, sino que también ofrece una comprensión profunda y accesible de una normativa esencial para el estado de derecho.

 

¿Qué es el delito de atentado contra la autoridad? 3 Ejemplos

El delito de atentado contra la autoridad es una figura penal que se basa en la conducta de agredir, acometer o resistirse gravemente a funcionarios públicos, autoridades o sus agentes. Este delito tiene como objetivo principal proteger el correcto funcionamiento de los servicios y funciones públicas que garantizan el orden y la seguridad en la sociedad.

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Definición y Bien Jurídico Protegido

El delito de atentado contra la autoridad se configura cuando una persona actúa con intención de ofender, intimidar, resistir gravemente o acometer a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones.

El bien jurídico protegido en este caso es el adecuado funcionamiento de los servicios públicos y la dignidad de las funciones públicas. En esencia, se busca garantizar que las autoridades puedan realizar sus deberes sin enfrentar violencia o resistencia grave que pueda comprometer su integridad y el orden público.

 

Sujetos Activos y Pasivos en el delito de atentado contra la autoridad

Sujeto Activo: Cualquier persona que, de manera violenta o intimidatoria, ataca o resiste a la autoridad, agentes o funcionarios públicos. No existe una limitación específica sobre quién puede ser el sujeto activo del delito, lo cual significa que cualquier individuo puede ser acusado si su conducta encaja dentro de los parámetros establecidos por la ley.

Sujeto Pasivo: Las autoridades, agentes o funcionarios públicos que se encuentran en el ejercicio de sus funciones. Esto incluye una amplia gama de personas como miembros del Ministerio Fiscal, miembros de las Asambleas Legislativas, del Congreso de Diputados, del Senado y del Parlamento Europeo, así como docentes y personal sanitario.

Según el artículo 24 del Código Penal, se considera autoridad a quien, por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado, tenga mando o ejerza jurisdicción propia.

 

Conducta Típica en el delito de atentado contra la autoridad

Podemos distinguir las siguientes conductas:

  • Agresión: Acto de dañar físicamente a la autoridad o sus agentes. Este es quizás el aspecto más visible y comúnmente entendido del delito de atentado contra autoridad. La agresión puede ir desde una bofetada hasta el uso de armas.
  • Intimidación Grave o Resistencia Grave con Violencia: Amenazas o actos de resistencia que implican violencia contra la autoridad. La intimidación grave supone generar un temor significativo en el funcionario público, mientras que la resistencia grave con violencia implica el uso de la fuerza para impedir que la autoridad cumpla con sus deberes.
  • Acometimiento: Iniciar un ataque o acción violenta contra la autoridad, ya sea físicamente o mediante el uso de objetos materiales. Esta modalidad incluye cualquier intento de agresión que manifieste una intención clara de dañar a la autoridad.

Este delito será castigado con pena de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.

 

Tipo Agravado del Delito de Atentado contra la Autoridad

El artículo 551 del Código Penal establece circunstancias que agravan el delito, aumentando las penas impuestas cuando concurren ciertos factores que incrementan la gravedad del acto:

  • Uso de Armas u Objetos Peligrosos: La agresión se realiza con armas u objetos que pueden causar daños graves. Esto incluye cualquier objeto que, usado como arma, aumente significativamente el riesgo de daño o muerte.
  • Peligrosidad Relevante: Actos que ponen en peligro la vida de las personas o pueden causar lesiones graves. Aquí se incluyen, por ejemplo, el lanzamiento de objetos contundentes, el uso de líquidos inflamables, incendios y la utilización de explosivos.
  • Uso de Vehículos de Motor: El atentado contra la autoridad se comete utilizando un vehículo de motor. Esto es particularmente relevante en contextos de persecuciones o intentos de atropellar a la autoridad.
  • Motines o Incidentes Colectivos: Los hechos violentos ocurren dentro de un centro penitenciario durante motines o incidentes colectivos. Estos contextos suelen implicar una mayor organización y peligrosidad, justificando penas más severas.

 

Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el artículo anterior siempre que el atentado contra la autoridad se cometa:

  • Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos
  • Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.
  • Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo de motor.
  • Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.

 

Penas del Delito

Las penas varían según la gravedad de la conducta y los sujetos afectados. El Código Penal diferencia claramente entre las penas para conductas típicas y las agravadas:

Conducta Típica:

  • Contra la autoridad: prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses.
  • Contra autoridades de alto rango (Gobierno, Congreso, Senado, etc.): prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.
  • Contra agentes o funcionarios públicos: prisión de 6 meses a 3 años.

Tipo Agravado: Se impondrán las penas superiores en grado previstas para el delito. Esto implica que, en los casos más graves, las penas pueden ser significativamente más severas, reflejando la mayor peligrosidad y el impacto del delito.

 

Elementos para la Configuración del Delito

Para que se configure el delito de atentado contra la autoridad, deben concurrir dos elementos clave:

  • Intimidación, Violencia o Resistencia Grave: La conducta debe ser de suficiente gravedad para ser considerada un atentado contra la autoridad. Si es leve, puede llevar a penas menores o incluso a la absolución. La gravedad de la conducta es un factor determinante, y se evalúa en función de la intensidad de la violencia o la amenaza, así como el contexto en que se produce.
  • Ejercicio de Funciones: El sujeto pasivo debe estar en el ejercicio de sus funciones públicas cuando ocurre la agresión o resistencia. Es esencial que la víctima del atentado contra la autoridad esté desempeñando sus funciones oficiales en el momento del incidente. Si la agresión ocurre fuera de este contexto, podría no ser considerada un atentado contra la autoridad.

 

Consideraciones Especiales

Es importante diferenciar entre resistencia y atentado contra la autoridad, ya que sus penas son distintas. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se debe evaluar detalladamente la conducta del sujeto activo y la gravedad de su oposición física ante una orden de la autoridad. La resistencia leve puede conllevar penas menores, mientras que la resistencia grave con violencia se tipifica como atentado contra la autoridad.

Además, durante situaciones excepcionales como el estado de alarma por la COVID-19, las autoridades competentes pueden aplicar sanciones adicionales por la desobediencia o resistencia a sus órdenes, como se estableció en el Real Decreto 463/2020.

También es habitual confundirlo con el desacato y con el delito de desobediencia, si quieres conocerlos  te dejo nuestros artículo.

 

Ejemplos prácticos

Ejemplo 1. Caso de Agresión Directa a un Agente de Policía

Marcos es un joven de 25 años que, tras una noche de fiesta, se encuentra en estado de embriaguez en una plaza pública. La policía local, representada por el agente Laura, se le acerca para solicitarle que abandone el lugar debido a su conducta perturbadora.

Marcos, molesto por la intervención de la policía, comienza a insultar a la agente Laura y, en un arrebato de ira, le propina un puñetazo en el rostro, causando que Laura caiga al suelo y sufra una contusión en la mejilla.

La agresión de Marcos es tipificada como delito de atentado contra la autoridad, de acuerdo con el artículo 550 del Código Penal. Marcos es llevado a juicio, donde se le condena a una pena de prisión de dos años y una multa de cuatro meses, considerando la agresión física a un agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

 

Ejemplo 2. Caso de Resistencia Grave durante una Detención

Luis, un hombre de 35 años, es detenido por los agentes de la Guardia Civil, Juan García y Pedro López, bajo la sospecha de estar implicado en un robo. Los agentes le piden que se someta a la detención sin ofrecer resistencia.

Luis se resiste violentamente a la detención, forcejeando con los agentes y empujando a Juan, quien cae al suelo.

Luis es acusado de resistencia grave con violencia, constituyendo un delito de atentado contra la autoridad. Se le impone una pena de un año y medio de prisión y una multa de cinco meses.

 

Ejemplo 3.Caso de Uso de un Vehículo para Atentar contra la Autoridad

Durante una protesta en el centro de la ciudad, Javier, decide participar en una manifestación que se torna violenta. La policía, encabezada por el inspector Raúl, establece un cordón de seguridad para contener a los manifestantes.

Javier, en un intento de romper el cordón policial, utiliza su coche para dirigirse hacia los agentes. Acelera en dirección al inspector Raúl y a otros policías, quienes logran esquivar el vehículo en el último momento, evitando una tragedia.

El uso del vehículo de motor en una acción que pone en peligro la vida de los agentes se considera un agravante del delito de atentado contra la autoridad, según el artículo 551 del Código Penal. Javier es condenado a una pena de cinco años de prisión y una multa de ocho meses.

 

Conclusiones

Al llegar al final de este artículo has aprendido que el atentado contra la autoridad no solo implica agresiones físicas, sino también actos de intimidación grave y resistencia violenta, que pueden afectar a una amplia gama de funcionarios públicos, desde agentes de policía hasta personal docente y sanitario.

Además, te has familiarizado con los distintos tipos de conductas que pueden constituir este delito, desde la agresión directa hasta el uso de vehículos para cometer actos violentos, y cómo las circunstancias agravantes, como el uso de armas o la peligrosidad del acto, pueden aumentar las penas.

A través de ejemplos prácticos, has visto cómo se aplican estas normativas en situaciones concretas, lo que te brinda una comprensión clara de las consecuencias legales que enfrentan aquellos que cometen estos delitos.

 

¡Espero que te haya gustado este artículo y nos vemos en el siguiente!

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