La discrecionalidad administrativa es un concepto fundamental en el Derecho Administrativo que merece ser explorado con detenimiento. ¿Qué significa exactamente esta noción y cómo se diferencia de otros términos legales como la arbitrariedad? ¿Cuáles son los límites de la discrecionalidad y cómo se ejerce en la práctica? Estas son algunas de las preguntas que nos planteamos al abordar este tema.

En el marco de la Constitución Española, el artículo 9.3 garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, estableciendo así la obligación de la Administración de actuar motivadamente y conforme al ordenamiento jurídico. ¿Pero qué papel juega la discrecionalidad administrativa en este contexto? ¿Se trata simplemente de una libertad absoluta para la Administración?

A medida que profundicemos en este artículo, descubriremos que la discrecionalidad administrativa, lejos de ser una libertad total, está sujeta a límites y a un riguroso control, como lo establecen claramente los preceptos constitucionales.

Exploraremos ejemplos reales que nos ayudarán a comprender mejor este complejo concepto y sus implicaciones prácticas. Desde decisiones de índole más políticas hasta acciones técnicas, analizaremos cómo la discrecionalidad se manifiesta en diferentes contextos y cómo se enfrenta a los controles establecidos por la ley y la jurisprudencia.

Definición y tipos de discrecionalidad administrativa

¿Qué es la discrecionalidad administrativa y cómo se diferencia de la legalidad y la arbitrariedad?

La discrecionalidad administrativa se refiere a los márgenes de apreciación y decisión que la Administración posee cuando no todos los elementos de su potestad están explícitamente regulados por la ley. Es esencial comprender que esta facultad no implica una libertad total, sino más bien la capacidad de la Administración para elegir entre soluciones justas y válidas, todas ellas permitidas por el ordenamiento jurídico. (Artículo 9.3 de la Constitución Española).

Mientras que la legalidad implica la estricta observancia de la norma, la discrecionalidad permite cierto margen de actuación basado en la interpretación y valoración de la Administración sobre los hechos y circunstancias particulares de cada caso. A diferencia de la arbitrariedad, la discrecionalidad exige que las decisiones administrativas estén debidamente fundamentadas y motivadas, evitando así que se incurra en un ejercicio irrazonable del poder.

¿Qué implica la discrecionalidad administrativa y cuáles son sus límites?

La discrecionalidad administrativa implica una amplia facultad de elección entre varias opciones legítimas, pero está sujeta a ciertos límites establecidos por el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia. Es crucial que las decisiones discrecionales estén adecuadamente justificadas y fundamentadas para evitar caer en la arbitrariedad. De este modo, la Administración debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Los elementos de la potestad administrativa no pueden estar totalmente delimitados por la ley.
• La decisión administrativa debe elegir entre opciones válidas y legítimas.
• La decisión final no debe ser arbitraria, sino estar motivada y basada en las circunstancias del caso.

¿Qué tipos de discrecionalidad existen?

Existen dos tipos principales de discrecionalidad:

Discrecionalidad política:

Se refiere a la facultad de las autoridades competentes para tomar decisiones considerando aspectos políticos y su propia estimación subjetiva de la solución correcta. Este tipo de discrecionalidad se caracteriza por un control jurídico limitado y prudente, ya que las decisiones políticas están dirigidas hacia fines políticos específicos.

Ejemplo de discrecionalidad política:

La decisión de un ayuntamiento de destinar un edificio a museo o a centro asistencial, donde la elección está influenciada por consideraciones políticas y de interés público.

Discrecionalidad técnica:

Se presenta cuando el ordenamiento jurídico otorga a los administradores un margen de decisión basado en aspectos exclusivamente técnicos o en el saber profesional. A diferencia de la discrecionalidad política, la discrecionalidad técnica se basa en criterios objetivos y está sujeta a un control judicial más riguroso.

Ejemplo de discrecionalidad técnica:

El proceso de selección de candidatos en una oposición, donde la elección se basa en pruebas técnicas y criterios objetivos de evaluación.

Es fundamental diferenciar entre estos tipos de discrecionalidad para comprender mejor cómo se aplican y controlan en la práctica administrativa. La combinación de ambos tipos puede presentarse en una misma decisión, lo que requiere un análisis detallado para determinar los límites y el alcance de cada uno.

¿Cómo se controla la discrecionalidad administrativa técnica?

La discrecionalidad administrativa no es absoluta, sino que está sujeta a límites establecidos en el artículo 106 de la Constitución Española, que garantiza el principio de legalidad y los fines de la actividad administrativa. Para garantizar que la Administración actúe dentro de estos límites, se establecen diversas técnicas de control.

Control judicial de la discrecionalidad técnica:

El control judicial es una herramienta fundamental para verificar que la Administración actúa dentro de los límites establecidos por la ley. Los tribunales de lo contencioso-administrativo tienen la facultad de controlar la legalidad de la actuación administrativa, asegurando que se respeten los principios generales del Derecho y los límites impuestos por la normativa.

El Tribunal Supremo ha establecido que los órganos jurisdiccionales pueden controlar que la Administración actúe dentro de sus competencias y procedimientos establecidos. Sin embargo, no pueden interferir en el contenido de las decisiones administrativas, ya que esto vulneraría el principio de división de poderes y la propia discrecionalidad técnica que le corresponde a la Administración.

Elementos discrecionales y reglados del acto administrativo:

Es fundamental distinguir entre los elementos discrecionales y reglados del acto administrativo. Mientras que los elementos reglados están claramente definidos por la ley y deben cumplirse estrictamente, los elementos discrecionales permiten cierto margen de libertad a la Administración para elegir entre opciones legales y correctas.

Técnicas de control de la discrecionalidad administrativa técnica:

• Control de los elementos reglados del acto administrativo: Los elementos reglados del acto administrativo deben cumplirse para que la discrecionalidad administrativa sea legítima. Esto incluye la competencia del órgano, el procedimiento seguido, la adecuación al fin perseguido y la legalidad de la actuación.
• Control de los hechos determinantes: Los tribunales también verifican la concordancia de la decisión administrativa con los hechos que la motivan. Si la decisión es incongruente con la realidad de los hechos, se considera que la Administración ha actuado de manera arbitraria.
• Control por los principios generales del derecho: La Administración está sujeta a los principios generales del derecho, como se establece en el artículo 103.1 de la Constitución Española. Esto implica que las decisiones administrativas deben estar fundamentadas en el Derecho y respetar estos principios en su ejercicio de la discrecionalidad.

El control de la discrecionalidad técnica busca asegurar que la Administración actúe dentro de los límites establecidos por la ley y de manera justa y equitativa en cada caso concreto. Los tribunales desempeñan un papel fundamental en este proceso, garantizando la legalidad y la corrección de las decisiones administrativas.

Ejemplos de discrecionalidad administrativa

Vamos a analizar cómo se manifiesta la discrecionalidad técnica en situaciones reales y cómo se ejerce su control para garantizar que la Administración actúe dentro de los límites legales y de manera justa y equitativa.

Ejemplo 1: Evaluación de solicitudes de licencias urbanísticas

Imaginemos que un municipio recibe varias solicitudes para la construcción de edificaciones en una determinada zona. El Ayuntamiento, en ejercicio de su discrecionalidad técnica, debe evaluar cada solicitud y decidir si otorga o no la licencia urbanística correspondiente.

En este caso, el control de la discrecionalidad técnica se ejerce a través de diversos mecanismos. Primero, se verifica que la decisión del Ayuntamiento esté fundamentada en los criterios establecidos por la normativa urbanística, como la zonificación del suelo y las normas de edificación.

Además, se comprueba que la Administración haya seguido el procedimiento establecido para la evaluación de las solicitudes y que haya considerado todos los elementos relevantes, como el impacto ambiental y la seguridad de la construcción.

Si un ciudadano considera que la decisión del Ayuntamiento ha sido arbitraria o contraria a la normativa vigente, puede recurrir dicha decisión ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, quienes verificarán que se hayan respetado los límites de la discrecionalidad técnica y que la Administración haya actuado de acuerdo con el interés general y los principios del Derecho, tras haber agotado la vía administrativa.

Ejemplo 2: Selección de proveedores en un proceso de contratación pública

En otro escenario, una Administración pública debe seleccionar un proveedor para la realización de obras de infraestructura. Aquí, la Administración ejerce su discrecionalidad técnica al evaluar las propuestas de los distintos licitadores y elegir la oferta más ventajosa para el interés público.

El control de la discrecionalidad técnica en este caso se realiza mediante la revisión de todo el proceso de contratación.

Los tribunales examinarán si la Administración ha seguido los principios de igualdad, transparencia y no discriminación en la selección del proveedor. Además, se verificará que la elección del contratista se base en criterios objetivos y que se haya justificado debidamente la decisión tomada.

En ambos ejemplos, se pone de manifiesto cómo la discrecionalidad técnica de la Administración se controla a través del cumplimiento de los principios y normas establecidos, garantizando así que las decisiones administrativas se ajusten al ordenamiento jurídico y al interés general.Principio del formulario

Conclusiones

En este artículo, hemos explorado el concepto de discrecionalidad administrativa y sus diferentes facetas. Identificamos que la discrecionalidad se refiere a la libertad con la que la Administración toma decisiones dentro de los límites establecidos por la ley. Existen dos tipos principales de discrecionalidad: política y técnica.

Mientras que la primera implica consideraciones políticas en la toma de decisiones, la segunda se basa en criterios técnicos y profesionales. Para controlar la discrecionalidad técnica, se emplean diversas técnicas, como la revisión de los elementos reglados, el análisis de los hechos determinantes y el respeto a los principios generales del derecho.

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