¿Te has preguntado alguna a que principios está sujeto la actuación de la administración pública y su derecho Bienvenido a un viaje a través de los cimientos jurídicos que guían las acciones de las instituciones gubernamentales?

 Si eres estudiante de derecho, entender estos principios no solo es esencial para tus estudios, sino que también te brinda una visión práctica sobre cómo se aplican en situaciones del mundo real que te pueden ayudar para saber si una actuación del estado es correcta o no

En este recorrido, exploraremos la relevancia de los principios del derecho administrativo para los estudiantes como tú. No se trata solo de teoría legal, sino de comprender cómo estos principios moldean las decisiones que afectan directamente a la sociedad. ¿Cuál es la importancia de la legalidad y la constitucionalidad en las acciones administrativas? ¿Cómo la eficiencia y la participación ciudadana impactan en la gestión pública?

A lo largo de esta exploración, no solo te sumergirás en definiciones y teorías, sino que también te presentaré ejemplos realistas que te ayudarán a visualizar la aplicación práctica de estos principios.

¿Qué son los principios del derecho administrativo?

En el vasto terreno del derecho administrativo, los principios constituyen los pilares fundamentales que delinean la organización y función de las administraciones públicas. De particular relevancia son aquellos de orden constitucional, cuyo alcance abarca todas las vertientes de la actividad administrativa y se erigen como elementos intrínsecos del Estatuto constitucional de dichas administraciones.

Su importancia radica en su papel vital para la plena efectividad de los derechos de los administrados, quienes son usuarios de los servicios públicos y receptores de las competencias administrativas. Estos postulados son esenciales para garantizar el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos y sustentan el concepto mismo de Estado Social de Derecho.

Ejemplo Práctico: Imaginemos un municipio que, en aras de mejorar la gestión de sus servicios públicos, implementa un sistema de evaluación continua de desempeño administrativo. Este sistema, basado en los principios de eficacia y eficiencia, permite identificar áreas de mejora y garantizar que los recursos se asignen de manera óptima, asegurando así un servicio público de calidad para sus ciudadanos.

Los 4 Principios fundamentales del derecho administrativo

1. Sometimiento a la Constitución, la Ley y el Derecho:

El principio de sometimiento a la Constitución, la Ley y el Derecho es la piedra angular que guía la actuación de la Administración Pública. Establecido en el artículo 103.1 de la Constitución Española, este principio dicta que la Administración debe cumplir con plena sujeción a las normas fundamentales de la Constitución, la legislación vigente y el conjunto del ordenamiento jurídico. Este enfoque, intrínseco a un Estado de derecho, garantiza que tanto los ciudadanos como los poderes públicos actúen dentro de los límites establecidos por la ley.

2. Objetividad:

En el marco del artículo 103.1 de la Constitución, la objetividad se erige como un imperativo para la Administración Pública. Su deber es servir con imparcialidad a los intereses generales, evitando actuaciones arbitrarias e injustificadas.

Un ejemplo palpable de la aplicación de este principio sería la toma de decisiones basada en criterios objetivos y evaluaciones racionales, garantizando que no se favorezca a unos ciudadanos sobre otros de manera injustificada.

3. Jerarquía Normativa:

La jerarquía normativa establece que las normas de rango superior prevalecen sobre las de rango inferior- la pirámide kelseniana. En el ámbito administrativo, esto implica que las decisiones y actuaciones deben estar alineadas con la Constitución y las leyes.

Por ejemplo, si un reglamento contradice una ley, un juez de lo contencioso administrativo podría declarar ilegal dicho reglamento, como sucedería en el caso donde se establecía un plazo de resolución superior al permitido por la ley, que señalaba un silencio positivo en caso de que no hubiera respuesta.

4. Proporcionalidad:

El principio de proporcionalidad, arraigado en la Constitución Española (artículo 103.1), orienta la actuación administrativa. Su esencia radica en que las medidas y acciones de la Administración deben ser proporcionadas a los fines que justifican su intervención, sobre todo en el derecho administrativo sancionador.

En otras palabras, la respuesta administrativa a una situación debe guardar una relación lógica y equitativa con el problema a resolver. Este principio se manifiesta en la ponderación de intereses y la racionalidad de la actividad administrativa.

Los 8 Principios que Rigen la Actuación de la Administración Pública

Ahora que ya tienes los principales principios del derecho, tenemos que ver cuáles son los principios que rigen en una estructura como es la administración pública estatal, porque en una estructura tan compleja sus actos deben de regirse por unos principios precisos ¿Cuáles? Pues sigue leyendo para encontrarlos.

1. Eficacia y eficiencia:

El principio de eficacia, consagrado en el art. 103.1 CE y desarrollado en el art. 3.1 LRJSP, demanda que la Administración alcance los objetivos establecidos por las leyes y el ordenamiento jurídico de manera efectiva. A su vez, la eficiencia, regulada en el art. 31.2 CE, exige la óptima asignación y utilización de los recursos públicos. Estos principios actúan como criterios rectores, instando a la Administración a lograr sus metas de forma idónea y económicamente eficiente.

2. Jerarquía:

El principio de jerarquía, anclado en el art. 103.1 CE y art. 3.1 LRJSP, establece un orden organizativo donde los órganos superiores dirigen y controlan a los inferiores. Este sistema jerárquico, tanto a nivel administrativo  asegura la coherencia y unidad de actuación, permitiendo la convalidación de vicios por el superior jerárquico.

3. Descentralización y desconcentración:

La descentralización, contemplada en el art. 103.1 CE y art. 3.1 LRJSP, implica la transferencia de competencias entre órganos de un mismo ente público, mientras que la desconcentración supone la delegación de competencias entre diferentes entidades. Ambos principios buscan una gestión más eficaz y cercana al ciudadano, evitando la rigidez en la toma de decisiones.

4. Buena fe:

El principio de buena fe, introducido por la Ley 4/1999- ya derogada pero que se mantiene en la actual LRJSP-, exige que la Administración actúe de manera leal y recta. Aunque no se define expresamente en la LRJSP, la jurisprudencia lo ha considerado esencial en las relaciones Administración-ciudadano. La buena fe implica que la Administración debe responder a las creencias que induce en los ciudadanos, actuando sin arbitrariedad y de acuerdo con la normativa vigente.

5. Publicidad o transparencia:

La transparencia, establecida en el art. 3.1 LRJSP y reforzada por la Ley 19/2013, garantiza que la ciudadanía pueda conocer claramente la actuación de la Administración. Este principio se vincula al derecho a ser informado sobre la conformidad de la actuación administrativa con la normativa. La normativa busca que las actuaciones públicas sean fácilmente perceptibles y comprendidas por los ciudadanos.

6. Participación ciudadana:

La participación, consagrada en el art. 3.1 LRJSP y destacada en la Ley 39/2015, busca involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones. El trámite de audiencia y otros mecanismos permiten que los afectados expresen sus opiniones, contribuyendo a una Administración más abierta y receptiva.

7. Cooperación:

La cooperación entre Administraciones, establecida en el art. 3.1 LRJSP, exige facilitar información, prestar asistencia y colaborar activamente. Este principio promueve la unidad de acción y la eficiencia en situaciones que requieren la intervención conjunta de diferentes entidades.

8. Confianza legítima:

La confianza legítima, incorporada por la Ley 4/1999, asegura que la Administración no altere arbitrariamente las expectativas generadas en los ciudadanos. Derivado del principio de seguridad jurídica, protege las expectativas fundadas en el comportamiento previo de la Administración.

2 Ejemplos Prácticos de Aplicación

Caso 1: Legalidad en la tramitación de un expediente administrativo.

Imaginemos el caso de Ana García, una ciudadana que ha solicitado una licencia de construcción para su nueva vivienda. El procedimiento administrativo sigue todos los pasos establecidos por la normativa vigente, desde la presentación de la solicitud hasta la emisión de informes técnicos y la notificación de resoluciones.

La Administración, siguiendo el principio de legalidad consagrado en el art. 103.1 CE y la LRJSP, garantiza que cada etapa del expediente se ajuste escrupulosamente a la normativa urbanística y de construcción aplicable. Este ejemplo destaca la importancia de la legalidad en la tramitación de expedientes, asegurando que los derechos de los ciudadanos se protejan y respeten en todo momento.

Caso 2: Aplicación del principio de eficiencia en la gestión de recursos públicos.

Juan Martínez, responsable de un departamento de obras públicas en un municipio, se enfrenta al desafío de mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos asignados para la construcción de una nueva infraestructura vial.

Aplicando el principio de eficiencia, contemplado en el art. 31.2 CE y la LRJSP, Juan implementa medidas que optimizan el uso de recursos financieros y humanos, reduciendo costos y acelerando el plazo de ejecución. Esta acción demuestra cómo la Administración, al seguir el principio de eficiencia, puede lograr resultados efectivos y económicos en beneficio de la comunidad.

Conclusión

En este recorrido por los principios fundamentales del derecho administrativo, hemos explorado conceptos clave que sustentan la actuación de la Administración Pública. Desde la legalidad y objetividad que rigen sus decisiones hasta la eficiencia en la gestión de recursos y la crucial participación ciudadana. La jerarquía normativa y la proporcionalidad han emergido como pilares, asegurando coherencia y equidad. Estos principios, anclados en la Constitución y legislación pertinente, forman la columna vertebral de una Administración comprometida con la transparencia, eficacia y el servicio a la sociedad.