¿Te has preguntado alguna vez cómo esta regulado nuestra economía y hacienda pública? Tanto si la respuesta es no como si estas mirando este artículo porque eres opositor y te cuesta aprender un tema de relevancia de la Constitución, estas en el lugar adecuado.

En este artículo te explicaremos de forma clara y sencilla los aspectos esenciales del Título VII, que trata de la economía y la hacienda pública, y aunque se que es un tema complejo y técnico, lo hemos resumido a fin de que cualquier persona pueda comprender este apartado en poco tiempo.

Pero antes de comenzar, ¿te has preguntado alguna vez si no sabes estudia r correctamente? Si tienes esa inquietud, no te preocupes, pues te dejo aquí un artículo donde te explicamos los 5 secretos que debes conocer para estudiar Derecho de forma efectiva.

Descubre cómo la Constitución regula la economía y hacienda pública de los españoles

La economía y hacienda pública y su relevancia constitucional

En nuestra Constitución, los arts. 128-136 CE se centran al ámbito económico y la hacienda pública. Sin embargo ¿Por qué la Constitución dedica estos artículos a regular estos aspectos? La respuesta radica en la necesidad de regular mínimamente la economía para evitar desequilibrios y garantizar el interés general de la sociedad.

Esto se explica fácilmente con este ejemplo, si no hay un marco regulatorio, el Estado podría expoliar a impuestos al contribuyente hasta por respirar, lo que ocasionar un auténtico desastre en la economía.

En primer lugar, es importante entender que existen diferentes modelos económicos. Por un lado, el socialismo se basa en la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción y distribución, con una planificación por parte del gobierno, siendo el caso de Cuba, por ejemplo. Por otro lado, el capitalismo se fundamenta en la propiedad privada, la libertad individual y la ley de la oferta y la demanda, siendo el ejemplo por antonomasia Estados Unidos.

En el caso de España, la Constitución establece un sistema económico mixto, que combina elementos del socialismo y el capitalismo. Esto implica que el Estado tiene la capacidad de intervenir en la economía para corregir desigualdades y garantizar el interés general, pero también se reconoce la libertad de empresa y la economía de mercado.

Por tanto, ejemplos de esta intervención en la economía son las ayudas y subvenciones que concede a los autónomos por iniciar un negocio, o las becas de los estudiantes.

El sistema tributario y la planificación económica

El Artículo 128 de la Constitución establece que toda la riqueza del país, independientemente de su titularidad, está subordinada al interés general. Esto puede interpretarse como una inclinación hacia el socialismo, ya que se menciona la propiedad colectiva de la riqueza y la planificación económica por parte del Estado.

Sin embargo, la Constitución también reconoce la libertad de empresa y la economía de mercado. Esto implica que el sistema económico español no es exclusivamente socialista, sino un capitalismo mixto. El Estado puede intervenir en la economía para corregir desigualdades y garantizar el interés general, pero no de manera absoluta, respetando los principios de libre concurrencia y subsidiaridad.

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El escáner de la economía española: Los Presupuestos Generales del Estado

Los Presupuestos Generales del Estado son fundamentales para la economía y hacienda pública de un país, pero ¿por qué? Porque determinan cómo se asignan los fondos a diferentes políticas y programas, teniendo un impacto directo en la vida de los ciudadanos, ya que definen las prioridades y objetivos del gobierno.

Los ingresos de los Presupuestos Generales del Estado se obtienen a través de los tributos, que son obligaciones establecidas por el Estado en forma de impuestos, tasas y contribuciones especiales. La Constitución establece que todos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Esto implica que los impuestos deben ser progresivos.

Por otro lado, los gastos que se regulen se encuentran autorizados a realizarse con ese límite, lo que implica que, si destinan 5000 millones al Ministerio de Agricultura en ayudas a los granjeros autónomos, esa cuantía esta limitada a esa cantidad y a ese fin, de ahí su relevancia.

¿Cómo se elaboran los Presupuestos Generales?

Conforme al proceso de elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, este es complejo y se realiza anualmente. El Gobierno presenta un proyecto de ley de presupuestos que debe ser discutido y aprobado por el Congreso de los Diputados. Durante este proceso, se analizan detalladamente las partidas presupuestarias y se negocian posibles modificaciones o ajustes.

Los Presupuestos Generales del Estado reflejan las prioridades políticas y económicas del Gobierno en un determinado periodo. Estos presupuestos pueden incluir partidas destinadas a áreas como la educación, la sanidad, la infraestructura, la defensa, entre otras. También pueden contemplar medidas fiscales y de gasto público para estimular la economía o reducir el déficit.

Es importante destacar que los Presupuestos Generales del Estado deben ser coherentes con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos en la Constitución. Esto implica que los ingresos y gastos deben estar equilibrados y que la deuda pública no puede crecer de forma descontrolada.

El control de la deuda pública

El control de la deuda pública es otro aspecto crucial en el ámbito de la economía y la hacienda pública. La Constitución Española establece que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la estabilidad económica y financiera, así como de promover el ahorro y la inversión.

El Artículo 135 de la Constitución establece que las Administraciones Públicas deben mantener una política económica orientada a la estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera. Esto implica que se deben adoptar medidas para controlar la deuda pública y evitar su crecimiento desmesurado.

Por lo tanto, esto implica que, por ejemplo, en nuestra economía se ingresa al año de media 45.000 millones de euros, no se puede hacer una partida de gastos a carreteras por valor de 90.000 millones, pues entonces la deuda pública se dispararía y estaríamos al borde del rescate.

La supervisora de la economía y hacienda española: El Tribunal de Cuentas

Dada la importancia de la intervención estatal en la economía y hacienda pública ¿quién se encarga de evitar que el Estado se salte las normas? Pues el Tribunal de Cuentas cuya función primordial es supervisar y controlar que el dinero público se gestione de forma eficiente y transparente, siendo un pilar esencial en el marco de la rendición de cuentas y la buena gobernanza.

La Constitución hace referencia al Tribunal de Cuentas en su artículo 136 CE y, a través de la Ley orgánica del Tribunal de Cuentas, se establecen sus atribuciones y competencias. Según la normativa, el Tribunal de Cuentas es el “Supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público”, y depende directamente de las Cortes Generales.

El Tribunal de Cuentas tiene la responsabilidad de examinar y comprobar la Cuenta General del Estado, presentando anualmente un informe a las Cortes Generales en el que se comunican posibles infracciones o responsabilidades detectadas. Actúa de forma independiente y objetiva, sin estar vinculado al Gobierno ni a los partidos políticos.

Tribunal de Cuentas: Composición y Funciones

La composición del Tribunal de Cuentas está conformada por varias figuras clave:

• El Presidente es nombrado por el Rey y tiene un mandato de tres años. Su función principal es dirigir, coordinar y representar al Tribunal
• los Consejeros de Cuentas, designados por el Congreso de los Diputados y el Senado, encargados de realizar auditorías y revisiones de los informes financieros de los organismos públicos
• El Fiscal, perteneciente a la Carrera Fiscal y nombrado por el Gobierno, se encarga de garantizar el cumplimiento de las leyes en materia de gestión financiera

El Tribunal de Cuentas se organiza en distintas unidades, como la Presidencia, el Pleno, la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización, la Sección de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General. Cada una de estas unidades desempeña funciones específicas relacionadas con la fiscalización y el enjuiciamiento de las cuentas y la gestión financiera.

En cuanto a las funciones del Tribunal de Cuentas, se pueden distinguir dos aspectos principales:

• Por un lado, la función fiscalizadora, que implica el análisis exhaustivo de la gestión económica de la Administración pública, evaluando su legalidad y eficiencia a través de toda la documentación fiscal, como los libres contables, facturas, entre otros documentos. Si detecta irregularidades indica las correcciones a realizar.
• Por otro lado, desempeña una función de enjuiciamiento, actuando como un tribunal independiente e imparcial, enjuiciando y condenando a responsabilidad disciplinaria o penal a quien realice una mala gestión.

Quiero destacar que pueden existir Tribunales de Cuenta Autonómicos, que tienen una función principal de fiscalizar la actuación del gobierno de la Comunidad Autonómica, y ejercer funciones de enjuiciamiento por delegación.

Conclusión

El Título VII es esencial para garantizar un equilibrio entre los intereses económicos y el interés general de la sociedad, por lo que su aplicación adecuada es fundamental para asegurar un desarrollo económico sostenible y el bienestar de todos los ciudadanos.

Por otro lado, quiero destacar el papel fiscalizador y controlador del Tribunal de Cuentas a fin del correcto funcionamiento de la rendición de cuentas en un sistema democrático, garantizando una gestión económica transparente y eficaz.

Por tanto, si aun no tienes claro este tema, te invito a que mires el siguiente video de Derecho Virtual, donde te aprenderás esto de forma amena, divertida y con ejemplos prácticos.