¿Qué es el principio de interdicción? ¿Dónde se regula? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuál es su finalidad? Estas cuestiones las vamos a resolver en este artículo, donde trataremos de explicarte de un modo sencillo y con ejemplos todo lo que debes conocer acerca de uno de los principios constitucionales más importantes para conservar el Estado de Derecho.

¿Qué es el principio de interdicción de la arbitrariedad?

El principio de interdicción de la arbitrariedad significa que las autoridades no pueden tomar decisiones arbitrarias entendiéndose por tales, principalmente, aquellas que producen una infracción del principio de igualdad de trato de los administrados ante la aplicación de la ley y las reglas objetivamente determinadas.

Los tribunales de justicia emplean este principio constitucional para evitar que los órganos estatales mantengan interpretaciones caprichosas de las leyes o emitan decisiones claramente discriminatorias. Esto, se ha visto reflejado en varias sentencias judiciales, como las del Tribunal Constitucional 219/1989 y 93/1992.

Por lo tanto, este principio indica la prohibición de que los poderes públicos actúen conforme a la mera voluntad de sus titulares, sin ajustarse a las normas. En el Estado de Derecho rige el imperio de la ley, a la que están sujetos todos los poderes. Esto hace que la arbitrariedad sea algo que no tenga cabida dentro de un ordenamiento jurídico democrático porque ataca directamente los valores que lo forman y está más ligado con regímenes no democráticos en los que los derechos y libertades fundamentales no se protegen de la misma forma.

En definitiva, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos está prohibida por el ordenamiento jurídico. Estos poderes públicos están al igual que el conjunto de la ciudadanía sujetos a la Constitución Española ya todo el ordenamiento jurídico en su conjunto.

¿Dónde se regula el principio de interdicción?

El principio de interdicción está regulado en el artículo 9.1 de la Constitución Española donde se establece que “los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Esto significa que tanto los ciudadanos como los órganos estatales deben actuar dentro de los límites establecidos por la ley y respetar los principios fundamentales.

También, en los artículos 9.2 y 9.3 se explica que los poderes públicos tienen la responsabilidad de crear un entorno donde la libertad y la igualdad sean efectivas, eliminando barreras y facilitando la participación ciudadana en todos los aspectos de la vida. Es decir, su función es la de crear un entorno de libertad e igualdad entre todos los ciudadanos.

Por otra parte, los poderes públicos deben de cumplir una serie de principios constitucionales fundamentales, como la legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las leyes, la no retroactividad de las leyes sancionadoras, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Estos principios aseguran un sistema legal justo y transparente.

Fundamentos del principio de interdicción de la arbitrariedad

Ahora, vamos a explicar algunos fundamentos importantes que debemos tener en cuenta acerca del principio de interdicción de la arbitrariedad. Este principio podemos decir que se basa en 4 pilares:

• Fundamentación legal: cualquier actuación de los poderes públicos, incluida la laboral legislativa, debe tener un respaldo legal sólido. Esto implica que todas las decisiones que sean tomadas por parte de legisladores, funcionarios y jueces deben estar basadas en la ley y ajustadas a criterios de coherencia, justicia y legalidad.
• Proporcionalidad: las medidas adoptadas por los poderes públicos deben ser proporcionales a los finos perseguidos. Es decir, no deben ser excesivas o desproporcionadas en relación con el objetivo legítimo buscado. Por ejemplo, si se establece una restricción de derechos fundamentales, esta debe ser proporcionada y necesaria para proteger un interés público legítimo.
• Respeto a la Constitución: toda decisión debe estar en consonancia y respetando todos los principios y valores consagrados en la Constitución Española. Por ello, no puede ser contrario a los principios básicos del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, una ley que discrimina a ciertos grupos vulnerables sería contraria al principio de igualdad.
• Debido Proceso: la finalidad que tiene este elemento es debido a que todas las personas tienen derecho a un proceso justo y equitativo cuando están implicadas en un procedimiento legal. Esto implica la necesidad de llevar a cabo el respeto por las garantías procesales, como el derecho a ser oído, el derecho a la defensa y el derecho a un juicio imparcial.

Limitaciones y excepciones

1. Reserva de ley: el principio de interdicción de la arbitrariedad implica que las decisiones deben de estar respaldadas a través de leyes específicas sobre la materia que verse en el asunto. Cuando la materia en cuestión no esté desarrollada por una ley específica sí que se permite una cierta discrecionalidad, pero es imprescindible que las diferentes autoridades tengan en cuenta las limitaciones que establece la ley.
2. Emergencias y Estado de Excepción: cuando nos encontramos en alguna de estas dos situaciones la situación es un poco diferente. En estos casos, como puede ser una erupción volcánica o una pandemia provocada por un virus, las autoridades pueden tomar algunas medidas excepcionales donde este principio de interdicción de la arbitrariedad no se pueda aplicar. No obstante, dichas autoridades deberán explicar sus medidas, justificarlas y garantizar que no se vulneren los principios constitucionales.
3. Interpretación judicial: el papel de los tribunales de justicia es clave en esta materia también, ya que su papel es el de corregir aquellas decisiones que vulneren el principio de interdicción de la arbitrariedad. También, deben asegurarse de que las decisiones gubernamentales no sean arbitrarias ni contrarias a la Constitución.

Por otra parte, la jurisprudencia es muy positiva también, ya que contribuye a definir los límites y aclarar los conceptos clave.

Control y garantías del principio de interdicción

Principalmente hay dos elementos que son principales a la hora de evitar que se produzca cualquier vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad:

• Control parlamentario: una de las principales funciones encargadas al poder legislativo es la de supervisar las acciones del ejecutivo. Los parlamentarios pueden cuestionar las decisiones gubernamentales y exigir explicaciones de aquellas decisiones que entiendan que no cumplen con la legalidad vigente o bien que puedan ser discriminatorias, fomentando el debate en las Cámaras.

Además, la aprobación de leyes y presupuestos debe seguir procedimientos transparentes y democráticos.

• Protección judicial: los ciudadanos que entiendan sus derechos vulnerados o que se sientan que han sido perjudicados por los poderes públicos pueden acudir a los tribunales de justicia para corregir aquellas situaciones injustas que hayan sufrido .

Algunas de las posibles soluciones pueden ser las utilizaciones de los recursos de amparo y los procedimientos contencioso-administrativos, los cuales permiten a los individuos proteger sus derechos frente a actuaciones gubernamentales injustas.

Ejemplos prácticos del principio de interdicción

A continuación, vamos a explicar algunos posibles ejemplos para que entiendas la importancia de este principio, a menudo no tan conocido como otros.

Restricción de derechos fundamentales

Imaginemos que el gobierno decida limitar la libertad de expresión en las redes sociales para prevenir la difusión de noticias falsas. Si esta restricción no está debidamente justificada y proporcional, podría considerarse arbitraria y contraria al principio de interdicción de la arbitrariedad. Este fenómeno se conoce como la posverdad y es muy polémico en la actualidad, pues con el fenómeno de las noticias falsas se está intentando coartar la libertad de expresión para luchar contra la propagación de estas noticias falsas.

Desalojo de viviendas

Un ejemplo podría ser un ayuntamiento que decide desalojar a una familia de su vivienda sin ofrecer una justificación razonable ni seguir un procedimiento adecuado. En este caso, el desalojo sería arbitrario y vulneraría el debido proceso. Si hubiera un motivo de seguridad o una causa de expropiación sí que podría ser válida.

Nombramiento de jueces por el CGPJ

Otro caso podría ser que el Consejo General del Poder Judicial nombra a un juez sin seguir los criterios establecidos en la ley. Este acto sería contrario al principio de interdicción de la arbitrariedad, ya que no se basa en fundamentos legales.

Conclusiones

El principio de interdicción de la arbitrariedad es uno de los principales mecanismos constitucionales que tenemos para evitar la discriminación y la arbitrariedad de los diferentes poderes públicos. Tal es su importancia que sin este principio sería imposible considerar que vivimos en un Estado de Democrático de Derecho.

Es muy importante contar con garantías complementarias a las disposiciones de la Constitución, como son los procedimientos de control de las Cámaras legislativas o el recurso de los tribunales de justicia , ya que es relativamente sencillo que se puedan producir actuaciones arbitrarias por parte de la Administración Pública. , tanto de forma intencionada como no intencionada y estos mecanismos nos aportan una mayor protección.

En definitiva, es un principio muy importante que debes conocer por si alguna vez sufres esta situación de arbitrariedad o discriminación por algún motivo.