Simulación Contractual: Tipos, Efectos y Consecuencias Jurídicas

La simulación contractual es una figura jurídica que aparece cuando las partes acuerdan externamente un contrato, pero su voluntad interna difiere de lo que expresan formalmente. Aunque aparentemente existe un negocio válido, en realidad este puede ser ficticio o encubridor de otro contrato distinto.

Este fenómeno plantea cuestiones clave para cualquier estudiante de Derecho civil: ¿cuándo es nulo un contrato por simulación? ¿Qué efectos tiene para las partes y los terceros? ¿Cómo se demuestra que hubo simulación? A continuación, abordamos estas preguntas desde una perspectiva práctica y doctrinal.

¿Qué es un contrato simulado?

Un contrato simulado es aquel en el que la declaración de voluntad no se corresponde con la intención real de las partes. Formalmente, el contrato cumple con todos los requisitos: consentimiento, objeto, causa y forma. Pero internamente, las partes acuerdan que no producirá efectos o que lo hará de forma distinta a lo pactado por escrito.

Esta diferencia entre lo declarado y lo querido da lugar a dos tipos de simulación jurídica, que veremos a continuación.

Tipos de simulación: absoluta y relativa

Simulación absoluta

En la simulación absoluta, el contrato no tiene intención real de producir efectos. Se firma, por ejemplo, una compraventa ficticia de un inmueble, sin que se pague precio ni se quiera realmente transferir la propiedad. El único propósito es aparentar un negocio inexistente, ya sea para evitar embargos, engañar a terceros o defraudar derechos.

En estos casos, el contrato es nulo de pleno derecho, conforme al artículo 1275 del Código Civil, que establece que “los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno”.

Simulación relativa

En la simulación relativa, sí existe un contrato real y válido, pero se oculta bajo la apariencia de otro. Por ejemplo, las partes acuerdan una donación, pero la disfrazan de compraventa. En este caso, el negocio oculto puede ser jurídicamente válido, siempre que reúna los requisitos exigidos por la ley y no sea contrario al orden público.

Así lo reconoce el artículo 1276 del Código Civil: “Aunque la causa expresada en el contrato no sea verdadera, el contrato será válido si se prueba que hubo otra causa verdadera y lícita.”

Diferencia entre simulación y otros fraudes contractuales

Es fundamental distinguir la simulación de otras figuras como el fraude de ley, el abuso de derecho o el contrato ilícito. La simulación se basa en un consentimiento aparente, mientras que en el fraude existe un uso desviado de normas para obtener un beneficio indebido.

Por ejemplo, si alguien vende su casa a un familiar para evitar un embargo, podría tratarse de una simulación absoluta o de una actuación fraudulenta. La diferencia estará en la intención de las partes y en los efectos buscados.

Efectos jurídicos de la simulación

La simulación tiene efectos diferentes según su naturaleza:

• Si es absoluta, el contrato es nulo y no surte efectos. No se genera obligación alguna ni se transfiere propiedad.
• Si es relativa, se anula el contrato aparente, pero se conserva el oculto, si cumple los requisitos legales.

En ambos casos, los terceros pueden impugnar la simulación si les perjudica, especialmente en materia de sucesiones, embargos o derechos de crédito.

¿Dónde se regula?

Aunque la simulación no cuenta con un artículo específico en el Código Civil español, sus efectos se deducen de los artículos 1275 y 1276, además de la doctrina y jurisprudencia consolidada. También se apoya en el principio de la autonomía de la voluntad y en el principio de buena fe contractual.

Si quieres entender mejor el papel de la voluntad interna en los contratos, puedes consultar nuestro artículo sobre la exceptio non adimpleti contractus, un mecanismo útil para negarse a cumplir cuando la otra parte no ha cumplido primero, o repasar las obligaciones naturales en derecho, que también se basan en la voluntad subjetiva.

¿Cómo se prueba la simulación contractual?

Uno de los grandes desafíos procesales es demostrar que un contrato fue simulado. La carga de la prueba recae sobre quien alega la simulación, y no basta con simples sospechas o percepciones personales. Es necesario acreditar la discrepancia entre la voluntad real y lo formalmente expresado.

Prueba directa e indirecta

La prueba de la simulación puede ser:

• Directa: mediante documentos, confesión de parte, testigos que hayan presenciado el pacto simulado o pruebas electrónicas.
• Indiciaria: a través de hechos externos que generan presunción de simulación. Por ejemplo, falta de pago del precio en una compraventa, la permanencia del bien en manos del supuesto vendedor, o relaciones de parentesco que hagan sospechosa la operación.

En este sentido, el Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente que la simulación puede probarse por cualquier medio admisible en Derecho, incluyendo indicios bien fundados.

Principales indicios de simulación

No existe una lista cerrada de indicios, pero la doctrina y la jurisprudencia destacan los siguientes como los más relevantes:

• Inexistencia del pago: el comprador nunca abonó el precio pactado.
• Permanencia en el bien: el vendedor sigue usando o controlando el bien transmitido.
• Relación entre las partes: la operación se celebra entre familiares directos o personas con vínculos de confianza.
• Falta de congruencia con la realidad económica: el negocio no se ajusta al patrimonio o ingresos del comprador.
• Ausencia de documentación bancaria o fiscal: no hay rastro de transferencia, escritura, o impuestos derivados de la operación.

Estos indicios no bastan por sí solos para declarar nulo un contrato, pero pueden constituir un cuadro probatorio sólido cuando se valoran en conjunto.

¿Quién puede impugnar un contrato simulado?

El interés legítimo es clave para ejercer la acción de simulación. Las personas más comunes que pueden impugnar son:

• Los acreedores del supuesto transmitente, si la simulación busca vaciar su patrimonio para defraudar derechos de cobro.
• Los herederos o legatarios, cuando el contrato simulado afecta la masa hereditaria.
• La Administración tributaria, si la simulación persigue fines de evasión fiscal.
• Cualquier tercero afectado que pueda demostrar perjuicio jurídico por la simulación.

Relación con otras figuras jurídicas

En algunos casos, la simulación se confunde con la resolución por incumplimiento contractual, pero son cuestiones distintas: mientras que la simulación ataca la validez misma del contrato, la resolución se produce por el incumplimiento de una obligación válida.

Puedes repasar esta figura en nuestro artículo sobre la acción resolutoria, que explica cuándo un contrato puede disolverse legalmente por falta de cumplimiento.

¿Qué efectos tiene la simulación contractual?

Cuando se acredita que un contrato ha sido simulado, se abren distintos escenarios jurídicos según se trate de simulación absoluta o relativa. En ambos casos, el ordenamiento reacciona con sanciones severas, pero diferenciadas.

Nulidad del contrato simulado

En la simulación absoluta, el contrato carece por completo de causa, por lo que se considera nulo de pleno derecho. No produce efectos, y se restablece la situación patrimonial previa al negocio. Esto implica que las partes deben restituirse mutuamente las prestaciones entregadas, si las hubiera.

Por ejemplo, si se firma una compraventa ficticia sin intención real de transmitir la propiedad, ese documento no tiene validez jurídica alguna. En estos casos, el juez puede declarar la inexistencia del contrato y anular cualquier efecto que haya pretendido producir.

En cambio, en la simulación relativa, se reconoce la existencia de un contrato oculto válido, si cumple con los requisitos legales. El contrato simulado se anula, pero se otorga eficacia al que las partes realmente querían celebrar, siempre que no sea ilícito ni contrario al orden público.

Protección de terceros de buena fe

Un aspecto clave en los efectos de la simulación contractual es la situación de terceros ajenos al pacto simulado. La legislación y la jurisprudencia tienden a proteger a quienes hayan actuado confiando en la apariencia del contrato, siempre que no hayan participado en la simulación ni conozcan su existencia.

Por ejemplo, si un tercero adquiere un bien de buena fe de quien aparenta ser su propietario (gracias a un contrato simulado), puede mantener la adquisición, especialmente si está protegido por el principio de fe pública registral.

No obstante, si se demuestra que el tercero conocía la simulación o participó en ella, pierde su protección jurídica, y puede ser obligado a devolver lo adquirido o responder solidariamente por los efectos del contrato nulo.