Acciones de Reintegración Concursal: Qué son, Cómo se Ejercen y Casos Rescindibles

Cuando una empresa entra en concurso de acreedores, el objetivo del procedimiento no es solo ordenar sus deudas, sino también proteger el patrimonio que queda. Aquí es donde entra en juego una figura clave del Derecho Concursal: las acciones de reintegración.

Estas acciones permiten rescatar activos o derechos que, injustamente, salieron del patrimonio del deudor poco antes de la declaración de concurso. Es decir, se trata de un mecanismo legal para “deshacer” ciertos actos perjudiciales que afectaron negativamente a los acreedores, incluso si no hubo intención fraudulenta.

Según el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), concretamente en los artículos 226 al 235, la acción de reintegración es el instrumento procesal que lleva a la “rescisión concursal” como efecto práctico. En otras palabras, si se estima la demanda, se anula el acto impugnado y se reintegra el bien a la masa activa del concurso.

Este mecanismo busca garantizar la igualdad de trato entre acreedores (principio de par conditio creditorum) y evitar que el deudor favorezca a unos acreedores sobre otros antes de declararse en insolvencia. Puedes profundizar en este marco general consultando los efectos de la declaración de concurso de acreedores.

Actos que pueden ser objeto de rescisión concursal

No todos los actos del deudor pueden rescindirse. La ley delimita claramente qué situaciones pueden ser objeto de una acción de reintegración, especialmente en relación al perjuicio generado en la masa activa y el plazo en que se realizaron.

Actos rescindibles en todo caso

Algunos actos están considerados como perjudiciales de forma automática, sin necesidad de probar el daño. Entre ellos se encuentran:

• Actos de disposición a título gratuito, como donaciones.
• Pagos anticipados de deudas sin garantía real, cuyo vencimiento era posterior a la declaración de concurso.

Actos rescindibles salvo prueba en contrario

Otros actos sí admiten prueba en contrario, es decir, se presume el perjuicio salvo que se demuestre lo contrario:

• Operaciones a título oneroso con personas especialmente relacionadas con el deudor.
• Constitución de garantías reales a favor de obligaciones antiguas.
• Pagos anticipados de deudas con garantía real.

Estos casos, aunque más discutibles, siguen siendo objeto frecuente de acciones rescisorias en el proceso concursal.

Actos que no pueden rescindirse

También existen exclusiones importantes. Por ejemplo, no pueden ser rescindidos:

• Actos ordinarios de la actividad empresarial del deudor, siempre que se hayan realizado en condiciones normales.
• Garantías a favor de créditos públicos o del Fondo de Garantía Salarial.
• Operaciones protegidas por leyes especiales, como las de compensación de valores o instrumentos derivados.

Este listado responde al criterio de no bloquear el tráfico mercantil ordinario ni entorpecer operaciones protegidas legalmente.

Requisitos y plazos para ejercitar la acción de reintegración

¿Qué requisitos debe cumplir un acto para ser rescindible?

Para que un acto sea rescindible por medio de una acción de reintegración, deben cumplirse dos condiciones esenciales:

1. Que el acto haya sido realizado en los dos años anteriores a la solicitud de concurso, o en el periodo de preconcurso (si se comunicó apertura de negociaciones con los acreedores).
2. Que el acto sea perjudicial para la masa activa, ya sea por disminuir su valor o alterar injustificadamente el orden de cobro entre acreedores.

Es importante entender que no es necesario que haya fraude o mala fe en la operación. La ley se enfoca en el perjuicio objetivo, más allá de la intención.

Este análisis se conecta con otras acciones del Derecho Concursal que buscan proteger la integridad del procedimiento, como la impugnación de acuerdos sociales.

¿Quién puede ejercitar la acción?

La administración concursal es quien tiene legitimación principal para ejercer estas acciones. No obstante, si esta no actúa en el plazo de dos meses desde que se le requiere, los acreedores pueden asumir la iniciativa. Eso sí, deben notificarlo a la administración y el juez podrá acumular los procedimientos si ya hay otro en curso.

En cuanto a la legitimación pasiva, la demanda debe dirigirse tanto contra el deudor como contra quienes hayan sido parte en el acto impugnado. Si el bien ha sido transmitido a terceros, se incluye también al adquirente para debatir su posible buena fe.

Procedimiento y efectos de la acción rescisoria

¿Cómo se tramita la acción?

Estas acciones se ejercen mediante incidente concursal, que se desarrolla ante el juez del concurso. Aunque no suspende automáticamente el procedimiento principal, el juez puede acordar la suspensión de actuaciones relacionadas si se considera necesario.

Además, aunque la Ley Concursal no regula expresamente las medidas cautelares, estas sí pueden solicitarse aplicando supletoriamente la Ley de Enjuiciamiento Civil.

¿Qué efectos tiene la estimación de la acción?

La estimación de la acción tiene como consecuencia la ineficacia del acto impugnado, con la consiguiente restitución de las prestaciones entre las partes. Esto incluye la devolución de bienes, pagos, intereses y frutos percibidos.

Existen también implicaciones en la clasificación de créditos:

• Si se trata de una obligación recíproca, el crédito resultante para el demandado será considerado crédito contra la masa.
• Si el acto era unilateral, el crédito tendrá la calificación concursal correspondiente.
• En caso de mala fe, el crédito puede degradarse a subordinado y dar lugar a una indemnización por daños y perjuicios.

Actos especialmente rescindibles y excepciones

¿Qué actos se presumen perjudiciales?

La Ley Concursal presume el perjuicio de ciertos actos, lo que facilita su rescisión sin necesidad de prueba adicional:

• Actos a título gratuito, como donaciones, salvo liberalidades de uso justificadas.
• Pagos anticipados de deudas no vencidas y sin garantía real.

En estos casos, el perjuicio se presume sin admitir prueba en contrario.

Por otro lado, hay actos en los que el perjuicio se presume pero sí admite prueba en contrario:

• Actos onerosos realizados a favor de personas especialmente relacionadas con el deudor.
• Constitución de garantías reales por deudas anteriores o sustituidas.
• Pagos de deudas no vencidas con garantía real.

Esta distinción es esencial para entender el margen de defensa que tienen las partes involucradas, en especial si se busca evitar una declaración de ineficacia.

En este punto puede ser útil repasar conceptos como los efectos de la declaración de concurso, que ayudan a comprender el marco donde se aplican estas medidas.

Actos excluidos y protección de acuerdos preconcursales

¿Qué actos no pueden ser objeto de reintegración?

Existen limitaciones expresas en la ley para proteger ciertas operaciones:

• Actos ordinarios realizados en condiciones normales de mercado.
• Garantías constituidas a favor de créditos públicos o del FOGASA.
• Actos en cumplimiento de normas legales.
• Operaciones sometidas a regulación especial, como compensación de valores.

Estas exclusiones buscan equilibrar la seguridad jurídica y evitar que todo acto anterior al concurso sea susceptible de impugnación.

¿Qué pasa con los acuerdos preconcursales?

La ley protege especialmente ciertos acuerdos celebrados antes del concurso, como:

• Acuerdos de refinanciación homologados o ajustados a ley.
• Acuerdos extrajudiciales de pago.
• Actos realizados para ejecutar dichos acuerdos y sus garantías.

Sin embargo, si estos acuerdos son declarados nulos o no cumplen los requisitos legales, sí podrán ser objeto de acción rescisoria, como se contempla en los supuestos de concurso consecutivo.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué son exactamente las acciones de reintegración concursal?

Son instrumentos legales que permiten al juez del concurso anular actos perjudiciales realizados por el deudor en los dos años anteriores a la declaración de concurso, con el objetivo de recuperar activos para la masa activa.

¿Es necesario que haya fraude para rescindir un acto?

No. No se exige intención fraudulenta ni mala fe. Basta con que el acto haya sido objetivamente perjudicial para los acreedores.

¿Quién puede ejercitar estas acciones?

Principalmente la administración concursal. Los acreedores también pueden hacerlo si la administración no actúa en un plazo de dos meses tras ser requerida.

¿Cuánto tiempo hay para interponer la acción?

La acción debe ejercitarse dentro del procedimiento concursal. No está sujeta a caducidad, pero se extingue con el fin del concurso.

¿Qué sucede si el acto es rescindido?

Se ordena la restitución recíproca entre las partes. Si hubo mala fe, el crédito del tercero puede calificarse como subordinado y estar obligado a indemnizar a la masa activa.