Derechos del Consumidor【Concepto Legal & Ejemplos】

Hoy en día todos los ciudadanos somos consumidores de todo tipo de bienes y servicios, por ello es sumamente importante que como consumidores seamos conscientes y conozcamos los derechos que nos amparan. En España, los derechos del consumidor se encuentran regulados en la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de diciembre.

Según dicha ley, un consumidor es aquella persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. También tienen la condición de consumidores las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

Asimismo, tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad

Derechos básicos del consumidor

Los consumidores tienen una serie de derechos básicos que desarrollaremos en los siguientes aparados, tales como:

• Protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud o seguridad.
• Protección de sus intereses económicos o sociales, especialmente contra prácticas comerciales desleales y frente a cláusulas abusivas en los contratos.
• Indemnización de los daños y reparación de los perjuicios sufridos.
• Derecho a la información sobre los diferentes bienes o servicios en formatos que garanticen su accesibilidad y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute, así como la toma de decisiones óptimas para sus intereses.
• La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.

Derecho a la protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud o seguridad

Por ley se establece que los bienes o servicios puestos en el mercado deben ser seguros, considerándose seguros aquellos que en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles, incluida su duración, no presenten riesgo alguno para la salud o seguridad de las personas, o únicamente los riesgos mínimos compatibles con el uso del bien o servicio y considerados admisibles dentro de un nivel elevado de protección de la salud y seguridad de las personas.

Así, los empresarios pondrán en conocimiento previo del consumidor y usuario, por medios apropiados, los riesgos susceptibles de provenir de una utilización previsible de los bienes y servicios, habida cuenta de su naturaleza, características, duración y de las personas a las que van destinados.

Los productos químicos y todos los artículos que en su composición lleven sustancias clasificadas como peligrosas deberán ir envasados con las debidas garantías de seguridad y llevar de forma visible las oportunas indicaciones que adviertan el riesgo de su manipulación.

Derechos del consumidor a la información, formación y educación

Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la formación y educación de los consumidores y usuarios, asegurarán que estos dispongan de la información precisa para el eficaz ejercicio de sus derechos y velarán para que se les preste la información comprensible sobre el adecuado uso y consumo de los bienes y servicios puestos a su disposición en el mercado.

Los medios de comunicación social de titularidad pública estatal dedicarán espacios y programas, no publicitarios, a la información y educación de los consumidores y usuarios.

Asimismo, se exige que el etiquetado de los productos cumpla con la normativa aplicable, no induciendo a error al consumidor, y teniendo especialmente en consideración a las personas consumidoras vulnerables.

Así, los consumidores tienen derecho a recibir información clara, veraz y completa sobre los productos y servicios que están adquiriendo. Esto incluye detalles sobre el precio, características, condiciones de venta, términos de garantía y cualquier otra información relevante que les permita tomar decisiones informadas.

Derecho del consumidor a la protección de los intereses económicos

El derecho a la protección de los intereses económicos de los consumidores es fundamental. Este derecho se refiere a la garantía de que los consumidores no sean víctimas de prácticas comerciales abusivas, engañosas o desleales por parte de los fabricantes, proveedores o vendedores, este derecho se materializa:

1. Prácticas comerciales abusivas: Esto incluye cualquier tipo de conducta por parte de las empresas que sea injusta o desproporcionada, como la coerción, la intimidación o la presión indebida para realizar una compra. Por ejemplo, publicidad agresiva, venta a puerta fría o acoso telefónico.
2. Información engañosa o falsa: Los consumidores tienen derecho a recibir información precisa y veraz sobre los productos y servicios que están adquiriendo. Cualquier tipo de publicidad engañosa, etiquetado falso o información falsa sobre las características, calidad, precio o condiciones de venta de un producto o servicio puede ser considerado una violación del derecho a la protección de los intereses económicos de los consumidores.
3. Condiciones contractuales injustas: Los contratos de adhesión o las cláusulas contractuales que imponen condiciones injustas o abusivas a los consumidores pueden ser considerados nulos o inválidos. Esto puede incluir cláusulas que limitan indebidamente la responsabilidad del proveedor, imponen cargos ocultos o exigen renunciar a derechos legales fundamentales.
4. Precios injustificados o abusivos: Los consumidores tienen derecho a pagar un precio justo y razonable por los productos y servicios que adquieren. Prácticas como la fijación de precios excesivos, el cobro de tarifas ocultas o la discriminación de precios pueden ser consideradas violaciones del derecho a la protección de los intereses económicos de los consumidores.

Derecho a la indemnización por daños y perjuicios

Este derecho establece que si un consumidor sufre algún tipo de daño o perjuicio como resultado del uso de un producto o servicio defectuoso, o debido a la negligencia por parte del fabricante, proveedor o vendedor, tiene derecho a ser compensado adecuadamente por los daños sufridos.

Algunos aspectos clave sobre el derecho a la indemnización por daños y perjuicios:

1. Daños y perjuicios compensables: Esto incluye cualquier tipo de lesión física, daño a la propiedad, pérdida económica o perjuicio moral que el consumidor pueda haber sufrido como consecuencia del producto o servicio defectuoso.
2. Responsabilidad del fabricante, proveedor o vendedor: Para que un consumidor tenga derecho a indemnización, generalmente debe demostrar que el daño fue causado por un defecto en el producto o servicio, o debido a la negligencia por parte del fabricante, proveedor o vendedor. Esto puede incluir defectos de fabricación, diseño o información insuficiente sobre los riesgos asociados con el uso del producto o servicio.
3. Proceso de reclamación: Los consumidores suelen tener derecho a presentar reclamaciones por daños y perjuicios a través de procesos de reclamación establecidos por las autoridades de protección al consumidor o mediante acciones legales en tribunales civiles. Es importante seguir los procedimientos adecuados y proporcionar pruebas suficientes para respaldar la reclamación.
4. Compensación justa: La compensación por daños y perjuicios debe ser justa y adecuada para compensar completamente al consumidor por los daños sufridos. Esto puede incluir el reembolso de gastos médicos, reparación o reemplazo de la propiedad dañada, compensación por pérdida de ingresos y una indemnización por el dolor y el sufrimiento causados por el incidente.
5. Responsabilidad solidaria: En algunos casos, varios actores en la cadena de suministro, como el fabricante, el distribuidor y el minorista, pueden ser considerados responsables solidarios por los daños causados al consumidor. Esto significa que el consumidor puede reclamar indemnización a cualquiera de estos actores, según corresponda.

Derecho a la participación y a la representación