Prescripción Tributaria: Qué es y 5 Ejemplos Reales con Base Legal

La prescripción en el Derecho Tributario es una herramienta jurídica que limita el poder de la Administración cuando no actúa dentro de los plazos legalmente establecidos. Este concepto es clave en procedimientos sancionadores, tributarios, patrimoniales o relacionados con subvenciones, ya que afecta directamente al ejercicio legítimo de las potestades públicas.

Sin embargo, comprender exactamente cómo y cuándo opera la prescripción no es tan sencillo. ¿Desde qué momento comienza a contar el plazo? ¿Qué lo interrumpe? ¿Cuándo se extingue el derecho a sancionar o reclamar? Estas dudas son frecuentes tanto en estudiantes de Derecho como en opositores.

En este artículo no solo te explicamos qué es la prescripción y cómo funciona legalmente, sino que te mostramos 5 ejemplos reales con base normativa y análisis jurídico aplicado. Verás cómo una multa, un reintegro, un daño o un impuesto pueden quedar sin efecto por el simple paso del tiempo… si nadie actúa a tiempo.

¿Qué es la prescripción tributaria?

La prescripción tributaria implica la extinción de un derecho o potestad de la Administración por el transcurso del tiempo sin haberse ejercitado. A diferencia de la caducidad, que afecta procedimientos ya iniciados, la prescripción opera incluso sin que exista expediente abierto, como sucede con el derecho a sancionar, a cobrar deudas, a liquidar tributos o a exigir responsabilidades.

Su función es garantizar la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), evitando que el Estado pueda actuar indefinidamente. A diferencia de la jurisdicción penal o civil, no hay una norma general sobre prescripción tributaria, sino que se regula en función del tipo de actuación administrativa:

• En materia tributaria, se regula en los artículos 66 a 70 de la Ley General Tributaria (LGT).
• En responsabilidad patrimonial, se aplica el artículo 67 de la Ley 40/2015.
• Para subvenciones, el plazo figura en el artículo 39 de la Ley General de Subvenciones.
• En procedimientos sancionadores, se recoge en normativas sectoriales y el artículo 30 de la Ley 40/2015.

¿Cuándo empieza a contar el plazo de prescripción?

El cómputo del plazo de prescripción comienza desde que la Administración puede ejercer válidamente su derecho o potestad. Esto suele coincidir con:

• La comisión de la infracción o del hecho causante.
• La finalización del plazo para declarar o pagar.
• La firmeza de una resolución.
• El reconocimiento voluntario por parte del administrado.

Además, el plazo puede interrumpirse. Las causas más comunes son:

• Iniciación del procedimiento con notificación válida al interesado.
• Realización de actos fehacientes por parte de la Administración.
• Reconocimiento por parte del ciudadano de la obligación o infracción.

En este punto, es fundamental conocer cómo opera correctamente una notificación administrativa, ya que una notificación defectuosa no interrumpe el plazo.

Ejemplos prácticos de prescripción tributaria

A continuación te presentamos cinco ejemplos reales, aplicados y con base normativa clara.

1. Prescripción del derecho a imponer una sanción administrativa

El 2 de marzo de 2020, un ciudadano instala una valla publicitaria sin licencia en una vía pública de su municipio. El ayuntamiento detecta el hecho en 2021 tras una denuncia vecinal, pero no inicia expediente sancionador ni realiza ninguna notificación hasta abril de 2024.

Aplicación legal:

• El artículo 30.3 de la Ley 40/2015 fija que:
  • Infracciones leves: prescriben al año.
  • Graves: a los 2 años.
  • Muy graves: a los 3 años.
• En este caso, la instalación de la valla sin licencia se considera infracción grave según la ordenanza municipal.

Análisis:

• El plazo comenzó el 2 de marzo de 2020.
• Si no hubo notificación válida de la incoación hasta abril de 2024 y ninguna actuación anterior que interrumpiera el plazo, el derecho a sancionar habrá prescrito en marzo de 2022.

Importante:
Si se hubiese enviado una notificación defectuosa, no interrumpiría el plazo. Aquí puedes ver ejemplos de notificación correctamente realizada.

2. Prescripción del derecho a ejecutar una multa

El 5 de julio de 2019, la Jefatura Provincial de Tráfico impone una multa firme por conducir sin cinturón (200 €). La sanción se notifica adecuadamente y el plazo para pagar voluntariamente expira en agosto de ese año. La persona no paga. En septiembre de 2024, recibe una notificación de embargo de cuenta por esa deuda.

Aplicación legal:

• El art. 70 de la LGT establece que el derecho a exigir el cobro de una sanción administrativa prescribe a los 4 años desde su firmeza.
• Si no se produjo notificación de providencia de apremio, requerimiento de pago, ni otros actos fehacientes entre 2019 y 2024, el derecho está prescrito.

Resultado:
La providencia de embargo es nula por haberse dictado fuera del plazo de prescripción, salvo que pueda probarse interrupción válida.

3. Prescripción del derecho a liquidar un impuesto

Una sociedad limitada no presenta la declaración trimestral de IVA del segundo trimestre de 2019 (periodo abril–junio). Hacienda detecta la omisión en una comprobación limitada iniciada en septiembre de 2024 y pretende dictar una liquidación provisional.

Aplicación legal:

• Según el art. 66.a de la LGT, el derecho de la Administración a liquidar prescribe a los 4 años desde el final del plazo voluntario de presentación.
• El plazo para presentar el 2T de 2019 terminó el 20 de julio de 2019.
• Por tanto, el derecho a liquidar prescribe el 20 de julio de 2023, salvo interrupciones válidas.

Cuidado:
Una mera diligencia interna no notificada o una anotación en el sistema informático no interrumpen el plazo (art. 68.1 LGT). La interrupción requiere actuaciones fehacientes o notificadas.

4. Prescripción del derecho a reclamar responsabilidad patrimonial

El 1 de octubre de 2022, un ciudadano tropieza con una baldosa levantada en una acera pública, lo que le causa una fractura de tobillo. Permanece de baja médica hasta el 10 de diciembre. El 20 de enero de 2024 presenta solicitud de responsabilidad patrimonial al ayuntamiento por daños sufridos.

Aplicación legal:

• El art. 67 de la Ley 40/2015 establece que el plazo de prescripción es de 1 año desde:
  • El hecho causante.
  • O desde la curación o estabilización de las secuelas.

Análisis:

• El plazo empezó a contar el 10 de diciembre de 2022 (alta médica).
• La prescripción se produjo el 10 de diciembre de 2023.
• Al presentar la solicitud en enero de 2024, se encuentra fuera de plazo.

Consejo:
Es buena práctica interrumpir la prescripción con un escrito previo, aunque no sea aún la reclamación formal. Consulta aquí cómo funciona este procedimiento.

5. Prescripción del reintegro de una subvención

Una asociación cultural recibe en 2018 una subvención de 10.000 € para actividades de fomento del patrimonio. El plazo para justificar los gastos finaliza el 31 de diciembre de 2018. No se presenta justificación alguna. En diciembre de 2023, la Administración inicia el expediente de reintegro.

Aplicación legal:

• El artículo 39.1 de la Ley General de Subvenciones establece que el derecho de la Administración a exigir reintegro prescribe a los 4 años desde el vencimiento del plazo de justificación.
• En este caso, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Resultado:

• Si no hubo ninguna actuación interruptora notificada antes de finalizar 2022, el derecho al reintegro está prescrito y no puede iniciarse legalmente el procedimiento en 2023.

Efectos jurídicos de la prescripción tributaria

La prescripción tiene efectos plenos y automáticos: extingue el derecho o potestad administrativa, sin necesidad de acto declarativo. Esto implica que:

• La Administración pierde la facultad de actuar.
• Los actos posteriores serán nulos de pleno derecho si se fundan en un derecho ya prescrito.
• La prescripción no se interrumpe por actos inválidos o no notificados correctamente.

Esquema resumen: plazos de prescripción según materia