¿Qué es el Estado de excepción? ¿Dónde se regula? ¿Qué diferencias existen entre el Estado de excepción y de sitio? El Estado de excepción es una herramienta jurídica que nos brinda nuestro sistema constitucional. Su importancia es tal que permite a los Estados reaccionar de manera efectiva ante situaciones extraordinarias que podrían poner en peligro la seguridad, el orden o la estabilidad de una nación. Sin embargo, también su uso se debe limitar a situaciones de extrema necesidad porque su mal uso podría derivar en la concentración del poder y la vulneración de derechos fundamentales.

En este artículo exploraremos en detalle qué es el estado de excepción, cuál es su fundamento jurídico y cómo impacta en los derechos fundamentales. Además, aprenderás sobre los principios que rigen su aplicación, como la necesidad, proporcionalidad y temporalidad. ¡Así que prepárate porque vamos al lío!

¿Qué es el Estado de excepción? Te lo explicamos con 3 ejemplos

El estado de excepción se trata de un mecanismo jurídico y constitucional que otorga al gobierno de un determinado país algunas facultades extraordinarias para tratar de superar situaciones excepcionales que amenazan gravemente la seguridad, el orden público o la estabilidad de una nación. Estas circunstancias pueden incluir guerras, catástrofes naturales, crisis sanitarias, terrorismo, insurrecciones o graves disturbios sociales.

Durante el estado de excepción, se permite a las autoridades suspender temporalmente ciertos derechos fundamentales y adoptar medidas que no serían posibles bajo condiciones normales. Sin embargo, no podemos obviar que este mecanismo está diseñado para ser utilizado como último recurso, y su implementación debe estar estrictamente regulada por principios como la legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, para evitar abusos o excesos que puedan poner en riesgo el Estado de derecho y la democracia.

Es decir, tiene que haber ocurrido una situación de gravedad cuya resolución no se pueda llevar a cabo sin la suspensión de derechos fundamentales.

Aspectos legales del Estado de excepción

Como has podido ver anteriormente el Estado de excepción es una medida extraordinaria prevista en el ordenamiento jurídico que permite al Gobierno adoptar facultades especiales para restablecer el orden en situaciones graves que desbordan la capacidad de actuación de las herramientas ordinarias del Estado. Un aspecto importante que debes de saber son como están regulados aspectos relacionados con su declaración, causas, duración, ámbito y efectos.

1. Declaración
   La declaración del estado de excepción es una atribución del Gobierno, quien debe emitir un Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros. Este decreto no puede entrar en vigor sin la previa autorización del Congreso de los Diputados, garantizando así un control parlamentario que salvaguarde el equilibrio de poderes y evite abusos en el ejercicio de esta facultad excepcional.
2. Causa
   El estado de excepción se justifica únicamente ante alteraciones extraordinarias que afecten gravemente:

• El libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.
• El normal funcionamiento de las instituciones democráticas.
• Los servicios públicos esenciales.

Para proceder, debe acreditarse que dichas situaciones no pueden ser resueltas mediante las potestades ordinarias, lo que subraya el principio de necesidad como fundamento de esta medida.

       3. Duración

El estado de excepción tiene una duración inicial máxima de 30 días, con posibilidad de prórroga por otro periodo igual, siempre que se justifique ante el Congreso de los Diputados. Este límite temporal busca garantizar que las facultades excepcionales no se prolonguen indebidamente, preservando así el retorno a la normalidad constitucional en el menor tiempo posible. No obstante, las prorrogas se pueden suceder en más de una ocasión si el problema no está solucionado, como ocurrió con el Estado de alarma provocado por la pandemia del Covid-19.

      4. Ámbito

El ámbito territorial de aplicación del estado de excepción es determinado por el propio decreto que lo declara. Puede limitarse a una zona específica del territorio o abarcar todo el Estado, dependiendo de la naturaleza y alcance de la crisis que se busca controlar.

      5. Efectos

La declaratoria del estado de excepción autoriza medidas excepcionales que, entre otras, pueden incluir:

• La detención de personas por motivos fundados de orden público, con una duración máxima de 10 días, superando el límite habitual establecido en las garantías procesales.
• La limitación de derechos fundamentales en los términos previstos por la Ley Orgánica 4/1981, la cual regula los estados de alarma, excepción y sitio.

Entre los derechos que pueden ser restringidos se encuentran:

• Libertad de movimiento.
• Derecho de reunión y manifestación.
• Derecho a la inviolabilidad del domicilio, entre otros.

Estas medidas, aunque extraordinarias, deben ser proporcionales a la gravedad de la amenaza y ejecutarse bajo estrictos controles jurídicos para evitar vulneraciones arbitrarias de los derechos fundamentales.

¿Dónde se regula el Estado de excepción en España?

En cuanto a su regulación, el Estado de excepción lo encontramos regulado en el artículo 116 de la Constitución Española, que establece el marco general para su declaración y aplicación, así como los principios que deben regirlo. Este precepto constitucional se desarrolla de manera específica en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula los estados de alarma, excepción y sitio.

En dicha ley se detallan los procedimientos, las causas, los efectos y las garantías necesarias para asegurar que su aplicación respete los valores democráticos y el Estado de derecho, proporcionando de esta forma un marco normativo que permite afrontar situaciones extraordinarias sin menoscabar los principios fundamentales del ordenamiento jurídico.

¿Qué diferencia los Estados de excepción, de alarma y de sitio?

Los estados de alarma, excepción y sitio son mecanismos constitucionales en España que permiten al Gobierno afrontar algunas situaciones de gravedad mediante medidas excepcionales.

El Estado de alarma se declara en casos como catástrofes naturales, crisis sanitarias o paralización de servicios públicos. Durante su vigencia, se pueden limitar derechos fundamentales, como la libertad de circulación, pero no se permite su suspensión. Este estado es declarado por el Gobierno mediante decreto en Consejo de Ministros, sin necesidad de autorización previa del Congreso de los Diputados, y su duración inicial es de quince días, prorrogables con la aprobación del Congreso.

El Estado de excepción se aplica cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el funcionamiento de las instituciones democráticas o los servicios públicos esenciales se ven gravemente alterados, y las potestades ordinarias resultan insuficientes para restablecer la normalidad.

En este contexto, pueden suspenderse ciertos derechos fundamentales, como la libertad de circulación, reunión y expresión, y se permite la detención de personas por motivos de orden público por un plazo máximo de diez días. La declaración de este estado requiere un decreto del Gobierno aprobado en Consejo de Ministros, con la autorización previa del Congreso de los Diputados. Su duración máxima es de treinta días, prorrogables por otro periodo igual con la aprobación del Congreso.

El Estado de sitio es el más extremo de los tres y se reserva para situaciones de insurrección o actos de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueden resolverse mediante otros medios. En este caso, se otorgan amplias facultades a las autoridades militares, y pueden suspenderse diversos derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y las garantías procesales. La declaración del estado de sitio corresponde al Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno, y su duración y condiciones se determinan en la autorización concedida por el Congreso.

2 Ejemplos de aplicaciones del Estado de excepción

Caso 1: Graves disturbios sociales que paralizan una ciudad

Imaginemos que nos encontramos en una gran ciudad en la que se producen disturbios sociales violentos debido a una crisis económica severa o por corrupción del partido que se encuentra en el gobierno local. Miles de personas salen a las calles, se generan enfrentamientos constantes con la policía, hay saqueos masivos en comercios y ataques a edificios gubernamentales. Con una situación tan dramática como esta, las autoridades locales se ven incapaces de restablecer el orden con los medios habituales, y la actividad económica y administrativa queda completamente paralizada.

En este caso, el Gobierno podría declarar el estado de excepción para limitar temporalmente la libertad de reunión y circulación, así como permitir la detención preventiva de personas implicadas en los actos violentos, con el objetivo de recuperar la normalidad y proteger a la población.

Caso 2: Amenaza terrorista

Un grupo terrorista lanza una campaña de amenazas contra altos representantes del Gobierno y las instituciones democráticas, declarando su intención de cometer ataques y asesinatos. Las fuerzas de seguridad identifican redes de apoyo dentro del territorio nacional, pero las herramientas ordinarias no son suficientes para desmantelar rápidamente estas células.

En una situación como esta y viendo las dificultades para resolver la situación con los medios tradicionales, el Gobierno podría declarar el estado de excepción para suspender temporalmente el secreto de las comunicaciones, autorizar registros en domicilios sin autorización judicial inmediata y limitar la movilidad de personas sospechosas de colaborar con el grupo, todo ello con el fin de prevenir un atentado inminente y proteger la estabilidad institucional.

Conclusiones

Con todo lo que has podido aprender, el Estado de excepción, aunque es necesario en algunas circunstancias, debe ser entendido y aplicado como un mecanismo excepcional y estrictamente regulado. La clave está en garantizar que, incluso en los momentos más críticos, se respeten los principios del Estado de derecho y los valores democráticos siempre que sea posible.

De esta manera, el uso de poderes excepcionales puede contribuir a salvaguardar la estabilidad y el orden, sin comprometer los derechos y libertades que constituyen la esencia de una sociedad justa.

Muchas gracias por llegar hasta el final. ¡Hasta la próxima!