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Control de la Potestad Reglamentaria: 2 grandes formas, con ejemplos

¿Cómo se asegura que los reglamentos no excedan los límites de la legalidad? ¿Cuáles son los mecanismos establecidos para supervisar y corregir posibles abusos de poder?

En el complejo entramado del derecho administrativo, uno de los pilares fundamentales es la potestad reglamentaria, un poder conferido a la Administración para dictar reglamentos que complementen y desarrollen la legislación. Sin embargo, este ejercicio de autoridad no está exento de control.

En este artículo, nos sumergiremos en el mundo del control de la potestad reglamentaria, explorando los diversos mecanismos y vías a través de los cuales se verifica la legalidad y adecuación de los reglamentos administrativos.

A través de ejemplos reales y situaciones concretas, ilustraremos las distintas formas en que se ejerce el control sobre la potestad reglamentaria, desde la vía administrativa hasta la intervención de los tribunales constitucionales. ¡Acompáñanos en este viaje para descubrir el funcionamiento del control de la potestad reglamentaria!

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Control de la potestad reglamentaria con ejemplos

Definición y fundamentos de la potestad reglamentaria

La complejidad de las materias y la imposibilidad de que la ley prevea todas las situaciones concretas son razones esenciales. Por tanto, los reglamentos administrativos tienen como fin concretar y detallar las disposiciones legales abstractas emanadas de las Cortes.

Existen dos tipos de habilitación para ejercer esta facultad, la conocida como la capacidad para dictar normas  infra légales que concreten temas que la ley no puede . La habilitación expresa, otorgada por el Parlamento a través de una norma legal específica, y la habilitación genérica, establecida en el artículo 97 de la Constitución Española, que permite a la Administración dictar reglamentos dentro de su ámbito competencial.

Titularidad de la potestad reglamentaria

La potestad reglamentaria recae en los órganos del Poder Ejecutivo, quienes están facultados para su ejercicio. ¿Pero cuáles son estos órganos concretos? En la Administración del Estado, el Gobierno, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Española, ejerce esta función, así como los Ministros en las materias de sus competencias.

En el ámbito autonómico, la potestad reglamentaria sigue un patrón similar al estatal, siendo ejercida por el Consejo de Gobierno y los Consejeros en sus respectivos departamentos. En el nivel local, los titulares son los Plenos de los Ayuntamientos y de las Diputaciones, de acuerdo con la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

El control de la potestad reglamentaria: Vía administrativa y la de la excepción

1. Control de la potestad reglamentaria vía administrativa:

El control en vía administrativa constituye una herramienta fundamental para garantizar la legalidad y la adecuación de los actos administrativos. Según lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), no cabe recurso en vía administrativa contra un acto administrativo que se funde únicamente en la nulidad de un reglamento. En estos casos, los recursos pueden interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.

La revisión de oficio, regulada en los artículos 106 al 111 de la LPACAP, es otra vía importante de control administrativo. Esta facultad permite a las Administraciones Públicas declarar la nulidad de los actos administrativos en determinados supuestos, previa solicitud del interesado y dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.

La revisión de oficio puede iniciarse por propia iniciativa de la Administración o a petición de parte interesada, y su objetivo es corregir actos administrativos que contravengan la legalidad vigente.

Es importante destacar que la revisión de oficio puede resultar en la declaración de nulidad de actos administrativos o disposiciones administrativas que contravengan la ley o sean contrarios al interés público. Además, las Administraciones pueden establecer indemnizaciones para los afectados por la nulidad de una disposición o acto, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones previstas en la normativa vigente.

2. Control de la potestad reglamentaria por vía excepción o de inaplicación judicial:

La vía excepcional o de inaplicación judicial constituye otra forma de control de la potestad reglamentaria. Según lo dispuesto en el artículo 106 de la Constitución Española (CE) y el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los Tribunales tienen la facultad de controlar la legalidad de la actuación administrativa y de los reglamentos, asegurando su conformidad con la CE, la ley y el principio de jerarquía normativa.

Por ejemplo, consideremos un caso en el que un ciudadano impugna la legalidad de una ordenanza municipal que prohíbe la circulación de vehículos en determinadas zonas de la ciudad.

Si el ciudadano considera que esta ordenanza vulnera sus derechos fundamentales o contraviene la legislación vigente, puede recurrir a los Tribunales para que evalúen la conformidad de la ordenanza con la Constitución, las leyes y el principio de jerarquía normativa. En este caso, los Tribunales tendrían la facultad de declarar la inaplicación de la ordenanza si consideran que es contraria a la normativa superior.

El control de la potestad reglamentaria: Vía jurídica y vía tribunal constitucional

A. Control de la potestad reglamentaria por jurisdicción contenciosa: recurso directo del art. 25 LJCA

El control de la potestad reglamentaria a través de la vía jurídica se materializa mediante el recurso directo contemplado en el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

Este recurso permite a cualquier interesado solicitar del Tribunal Contencioso-Administrativo competente la declaración de nulidad de un reglamento, siempre y cuando se fundamente en alguna infracción legal. El recurso directo implica la impugnación directa del reglamento como objeto de la controversia.

El plazo para interponer este recurso es de dos meses desde la publicación del reglamento, aunque se debe tener en cuenta que, según el Tribunal Constitucional, el principio de silencio administrativo no implica la existencia de un plazo específico. Los reglamentos dictados por el Gobierno están sujetos al control del Tribunal Supremo en este proceso.

En cuanto a los efectos de la declaración de nulidad, estas sentencias afectan tanto a las partes interesadas como a terceros.

La anulación de un reglamento producirá efectos para todas las personas afectadas, y las sentencias firmes que anulen un reglamento tendrán efectos generales desde su publicación no a los anteriores que hayan devenido firmes.

B. Control de la potestad reglamentaria por jurisdicción contenciosa: recurso indirecto del art. 26 LJCA

El recurso indirecto constituye otra vía de control jurídico de la potestad reglamentaria. Este recurso, conforme al artículo 26 de la LJCA, no se centra en los defectos formales del reglamento, sino en las infracciones sustantivas del ordenamiento por razón de su contenido normativo.

Los efectos de este recurso pueden llevar a la inaplicación o anulación del reglamento en cuestión.

La anulación puede producirse de forma directa o a través de una cuestión de ilegalidad, similar a la cuestión de inconstitucionalidad. En este proceso, el Juez o Tribunal competente puede plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal correspondiente, lo que implica una revisión exhaustiva del contenido normativo del reglamento en cuestión.

C. Control de la potestad reglamentaria por Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ejerce un papel crucial en el control de la potestad reglamentaria. Entre sus competencias se encuentran resolver conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, así como impugnar disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos autonómicos, tal como señala el artículo 161.2 CE. Además, los ciudadanos pueden recabar la tutela de sus derechos fundamentales a través del recurso de amparo ante este tribunal, una vez agotadas las vías judiciales correspondientes, tal como señala el artículo 161.1.b) de la CE.

2 Ejemplos de control de la potestad reglamentaria

Ejemplo 1: Control de la potestad reglamentaria por revisión de oficio en el Gobierno Central

En el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, el equipo legal revisa periódicamente los reglamentos relacionados con la protección ambiental. Durante una revisión rutinaria, descubren que un reglamento recientemente promulgado no ha seguido el procedimiento adecuado de consulta pública, lo que podría invalidar su legalidad.

Tras una exhaustiva evaluación interna, el Ministerio decide iniciar un proceso de revisión de oficio para declarar la nulidad del reglamento.

El control por revisión de oficio en el Gobierno Central permite corregir errores o irregularidades en los actos administrativos, como reglamentos, realizados por la administración.

Ejemplo 2: Control de la potestad reglamentaria por vía contencioso-administrativa (control directo)

Un grupo de ciudadanos preocupados por el impacto ambiental de un proyecto de desarrollo urbano impugna el reglamento municipal que lo respalda. Presentan un recurso directo ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, argumentando que el reglamento viola las disposiciones ambientales establecidas en la legislación nacional. Tras un proceso legal exhaustivo, el tribunal falla a favor de los ciudadanos, declarando la nulidad del reglamento municipal.

Conclusiones

En resumen, este artículo ha explorado el control de la potestad reglamentaria desde diversas perspectivas, incluyendo la vía administrativa, la excepcional, el recurso contencioso-administrativo y el Tribunal Constitucional. Hemos visto cómo las distintas instancias, desde el Gobierno Central hasta los tribunales, desempeñan un papel crucial en garantizar que los reglamentos cumplan con la legalidad y protejan los derechos de los ciudadanos.

Se ha destacado la importancia de la revisión de oficio para corregir errores administrativos y la posibilidad de impugnar reglamentos ante los tribunales en caso de infracciones legales. Además, hemos explorado el proceso de cuestión de ilegalidad y su papel en el control judicial de los reglamentos.

Para obtener más información sobre temas relacionados con los principios del derecho administrativo, o sobre el derecho administrativo y otros aspectos legales, te invitamos a explorar otros artículos en nuestro blog. Agradecemos sinceramente tu tiempo y esperamos que este artículo haya sido informativo y útil para ti.

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Author

  • Daniel García

    Jurista apasionado del Derecho Público y la Filosofía del Derecho, mi objetivo aquí es acercarte el derecho de forma sencilla y cotidiana. 

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