¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando existe una duda razonable al aplicar una normativa administrativa en un proceso contencioso administrativo o en la fase administrativa? Este es el dilema al que se enfrentan tanto jueces como abogados en el ámbito del derecho administrativo, y es precisamente aquí donde el principio In dubio pro actione encuentra su esencia.

El principio de In dubio pro actione tiene una relevancia significativa en el estudio del derecho y la relación ciudadano- administración, ya que proporciona una orientación fundamental cuando surgen dudas en la interpretación o aplicación de las leyes. ¿Qué implica este principio y cómo puede influir en la resolución de un caso?

En este artículo, exploraremos a fondo este principio, abordando su definición, su base legal, y su aplicación práctica en el derecho administrativo.

A través de ejemplos realistas y prácticos, desentrañaremos su rol en la toma de decisiones legales, brindando a estudiantes de derecho una perspectiva clara y útil sobre su aplicación en el ámbito jurídico.

¿Qué es el principio In dubio pro actione?

El principio In dubio pro actione es una regla jurídica fundamental, arraigada en el ámbito administrativo, que dicta que los procedimientos administrativos deben resolverse considerando la interpretación que más favorezca los derechos de los interesados.

En su expresión literal, significa “en caso de duda, a favor de la acción”, lo que implica que ante la incertidumbre, prevalecerá la intención que motivó la interposición del recurso.

¿Qué le caracteriza?

Este principio se distingue por su estrecha relación con el principio de economía procesal. Al favorecer la interpretación que beneficie el ejercicio del derecho de acción, su objetivo es garantizar una decisión sobre el fondo del asunto, más allá de obstáculos formales o de tramitación que puedan surgir.

Se vincula estrechamente con el derecho a la tutela judicial efectiva, contemplado en el artículo 24 de la Constitución, asegurando que los defectos de forma no limiten el acceso a la justicia, un derecho fundamental de las personas. Además de un principio de economía procesal que nos indica que no hay que caer en formalismos innecesarios.

El cumplimiento de requisitos formales se examina de forma flexible, priorizando las cuestiones de fondo sobre las procedimentales. Se enfoca en resolver la sustancia del conflicto, dándole preeminencia a la intención de los interesados sobre la forma, aunque esta última conserve importancia en el proceso.

Ejemplo aplicando el principio In dubio pro actione

Imagina un caso en el que se cuestiona la admisión de un recurso. En aplicación de este principio, se enfatiza al juez o a la Administración Pública que deben privilegiar la intención y el fondo de los interesados sobre la forma. Esta directriz insta a considerar el fondo del recurso antes que devolverlo por un defecto formal insignificante.

Por ejemplo, imagina que María una lega en derecho presento un recurso de reposición que cumple los requisitos materiales pero no uso el modelo típico, pues según este principio debe de ser admitido.

Aplicación del principio In dubio pro actione en el derecho administrativo y la jurisprudencia

Ahora que sabes que es este principio, la clave es saber como se aplica en el derecho administrativo, no te preocupes que justo eso es lo que vamos a ver, además

El principio In dubio pro actione halla su aplicabilidad en diversas instancias del procedimiento administrativo. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, por ejemplo, otorga facultades a las Administraciones Públicas para corregir errores en sus actos, permitiendo que prevalezca la acción por encima de los errores formales que puedan presentarse.

Asimismo, el artículo 115.2 de esta ley ampara la tramitación de un recurso, incluso en ausencia de una calificación clara por parte del recurrente. Este enfoque privilegia la intención del interesado al interponer el recurso, favoreciendo el procedimiento por encima de cuestiones meramente formales.

La Administración tiene la obligación de señalar los errores formales al recurrente para que sean subsanados, sin que esto detenga el proceso.

¿Qué nos señala la jurisprudencia?

La jurisprudencia desempeña un papel crucial al interpretar y definir este principio. El Tribunal Supremo, en su Sentencia 381/2014, establece que el acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe prevalecer, excepto ante una restricción expresa y razonable, manteniendo una interpretación pro actione para evitar formalismos excesivos que limiten el fondo de un asunto.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 1999 enfatiza que la omisión de ciertos requisitos formales no debería conducir automáticamente al rechazo de una prueba, sino que el tribunal debe alertar al proponente para que corrija los errores en un plazo razonable.

La jurisprudencia subraya la importancia de no desestimar asuntos fundamentales debido a formalismos innecesarios, garantizando así que los interesados no se vean privados de una resolución fundada en meros tecnicismos. Más aún se señala lo siguiente en la jurisprudencia:

«La interpretación de los obstáculos procesales debe guiarse por un criterio pro actione que, valorando la ratio de la norma y adoptando un criterio de proporcionalidad entre la entidad del defecto advertido y la sanción derivada del mismo, no impida la cognición del fondo de un asunto sobre la base de meros formalismos o de entendimientos no razonables de las normas procesales (STS, 2.ª, 21-V-2014, rec. 2449/2013).»

Ejemplos Prácticos

Bien, ahora que has llegado aquí nos toca ver como este principio puede verse aplicado a casos que tú como futuro jurista te vas a tener que enfrentar.

Ejemplo 1: Sanción Administrativa y Error Formal

Imagina  el caso de Juan Pérez, quien interpuso un recurso de alzada contra una sanción administrativa, porque supuestamente Juan había estado bebiendo en la calle y según la ley 5/2002 de la comunidad de Madrid esta prohibido. Juan señala que no estaba bebiendo ninguna bebida alcohólica, sino simplemente un refresco de cola y que tiene pruebas como un tique de comprar

Aún asi  la Administración inadmitió  el recurso debido a que no cumplimentó correctamente su dirección de correo electrónico en el formulario .Ante eso Juan se puso en contacto con su amiga Bea, abogada que le señalo que interpusiera un contencioso administrativo.

El juez, aplicando el principio In dubio pro actione, determinó que, a pesar del error formal, el recurso de alzada debería haber sido admitido.

El juez consideró que la omisión del correo electrónico no afectaba el fondo del recurso y que la desestimación fue una formalidad innecesaria, garantizando así el derecho a la tutela judicial efectiva que de otra manera se le negaría.

Ejemplo 2: Expropiación y Plazo de Presentación

En el caso de María Gómez, propietaria de un terreno sujeto a expropiación, envió la propuesta de justiprecio el último día establecido, pero esta llegó a la Administración al día siguiente.

Aplicando el principio In dubio pro actione, la administración decidió que la propuesta debía ser admitida. Consideró que, aunque la propuesta llegó después de la fecha límite, era razonable admitirla debido a la proximidad de los plazos y que la decisión de expropiar no se veía afectada por el retraso mínimo.

Pues por la economía procesal no tenía sentida negar la propuesta y alargar más el proceso, además de que María había enviado su propuesta a tiempo, pero por un retraso en el envio había llegado de forma extemporánea

Lo fundamental de estos ejemplo es que este enfoque pro actione busca que los procedimientos administrativos se centren en el fondo de los asuntos, brindando a los ciudadanos un acceso efectivo a la justicia y asegurando que los errores formales no sean obstáculos para la resolución de sus asuntos con la Administración.

Conclusión

En conclusión, el principio In dubio pro actione es una máxima fundamental en el derecho administrativo que dicta que, en caso de duda, se debe actuar a favor de la acción. Este principio, orientado a proteger los derechos del administrado, obliga a las autoridades administrativas a interpretar la normativa en beneficio del ciudadano.

El principio In dubio pro actione está estrechamente relacionado con el principio de economía procedimental, priorizando la resolución de fondo sobre las cuestiones formales. Defiende que los requisitos formales deben ser examinados de manera flexible, otorgando mayor importancia a los aspectos de fondo sobre los procedimentales.

La omisión de formalidades no debe resultar en la inadmisión automática de un recurso, debiendo la Administración advertir al administrado para subsanar dichos errores. Este principio debe aplicarse exclusivamente a favor del administrado, asegurando que la Administración cumpla con las formalidades establecidas por el ordenamiento jurídico.

Ante defectos formales mínimos, el juzgador o la Administración deben optar por resolver la cuestión de fondo antes que devolver una acción, garantizando así el acceso efectivo a la justicia.

En resumen, el principio In dubio pro actione busca equilibrar la justicia administrativa, permitiendo una interpretación flexible de las formalidades y priorizando el acceso a la justicia para los ciudadanos, asegurando que los errores formales no sean obstáculos insalvables en los procedimientos administrativos.